En la Unidad de Gobierno se dicen abiertos al diálogo con el organismo internacional
Ahora sí, Gobernación analiza informe de la CCIODH
La Secretaría de Gobernación analiza el documento preliminar que elaboró la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), respecto de las violaciones a garantías básicas durante el conflicto en Oaxaca.
Mario Escárcega Leos, titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia uno de los responsables del seguimiento del caso Oaxaca, dijo que en el gobierno federal están dispuestos a dialogar con la CCIODH y con otros activistas.
Valoraremos también agregó el informe del pintor Francisco Toledo, respecto de lo que se ha advertido como "estado de sitio" y abusos policiacos.
Con lo anterior, la Gobernación intenta corregir la declaración que emitió el lunes pasado la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la dependencia, Carmen Diez Hidalgo, quien descalificó el reporte inicial de la CCIODH, por ser una organización no reconocida "o con la respetabilidad de otras tipo Amnistía Internacional".
No obstante, en Gobernación mantienen como en la administración foxista la tesis de que el pasado 25 de noviembre (cuando más de 200 personas fueron detenidas) la marcha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) derivó en "actos delictivos".
Gobernación insiste en que no habrá una nueva cita con la APPO hasta que la comisión negociadora del movimiento popular entregue su propuesta para la reforma política, económica y social de Oaxaca.
La "reforma del Estado", impulsada por Carlos Abascal, ex titular de Gobernación, se perfila de nuevo como la estrategia oficial para intentar solucionar el conflicto y dejar de lado el reclamo central de la APPO, la salida del gobernador Ulises Ruiz, quien tiene "voluntad de cambio" y no incentiva la violencia, según Escárcega.
Como se ha difundido en este diario, dirigentes de la APPO y de la intermediación para el diálogo con el gobierno federal, tampoco han recibido de la dependencia ninguna muestra de interés por restablecer las pláticas, aunque los funcionarios afirmen lo contrario.
De los 141 detenidos, la mayoría sin relación con la APPO, fueron trasladados por petición expresa de Ulises Ruiz a un penal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit. Aunque decenas han sido liberados, según grupos de defensa de derechos humanos, siguen tras las rejas 60 personas.
Sin embargo, Gobernación espera que sean los afectados quienes documenten los "excesos" cometidos por las fuerzas federales y estatales.
¿Revisarán el informe de los observadores internacionales?
Lo estamos revisando, por eso no hemos emitido ningún pronunciamiento dijo Escárcega en entrevista.