PRI y AN han privilegiado sin resultados la mano dura, revela estudio de la Cámara
Un fracaso, la política oficial contra la delincuencia
La política de Estado impulsada por los regímenes de PRI y PAN, tendente a endurecer los actos de fuerza y gastar enormes cantidades de dinero contra la delincuencia, ha resultado un fracaso absoluto, revela el estudio Los errores en seguridad pública, elaborado en la Cámara de Diputados.
Según el texto, de 1997 a 2006, el Sistema Nacional de Seguridad Pública erogó más de 102 mil millones de pesos y, a la par, la evolución de la incidencia delictiva (reflejada en el promedio diario de actos ilícitos) se mantuvo sin variación alguna. En 1998, el número de delitos que se cometían diariamente ascendía a 3 mil 768 en el terreno del fuero común, y a 205 en el federal; para finales de 2006, en el primero se registraron 3 mil 864, mientras que en el segundo hubo 241 en promedio diario.
El investigador Adolfo Miranda, uno de los autores del citado estudio, explicó que de 1995 a 2006 la sobrepoblación en las cárceles del país se incrementó en casi 60 por ciento, al pasar de 93 mil 574 reclusos a 203 mil 686.
Al comentar el "fracaso" que refiere el estudio sobre la política de seguridad pública encaminada a disuadir a los delincuentes, Miranda afirmó que, en un efecto mediático, la reacción punitiva contra los delincuentes no resuelve de ninguna forma el crecimiento de la ilegalidad y la violencia.
Incremento de sanciones, más que solucionar problemas
"Las sanciones se han incrementado como un recurso dirigido a la percepción inmediata, más que a la solución de los problemas de seguridad y de procuración de justicia. El aumento de las penas no inhibe por sí mismo el crecimiento delictivo, pues persisten la corrupción, la ausencia de credibilidad en las instituciones, la polarización social y las condiciones económicas que alientan el desarrollo del delito".
Entre 1997 y 2006, los gobiernos de PRI y PAN gastaron poco más de 102 mil millones de pesos para endurecer el castigo a los delincuentes, no obstante, éstos se han vuelto inmunes a la actual política de seguridad. Sólo en el primer año de operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los recursos destinados para su operación se ubicaron en el rango de 2 mil 258 millones de pesos; en 2001 la cifra se incrementó a 16 mil 690 millones, y para 2007 las instituciones del ramo gastaron 17 mil 368 millones.
Los cálculos elaborados en el análisis de la Cámara manifiestan que el promedio diario de delitos, tanto en los fueros común como federal, se mantuvo sin variación durante una década.
Respecto a la población recluida, en 1996 se encontraban en prisión 23 mil 286 sujetos por haber cometido un delito del fuero federal, mientras que del común la cifra creció exponencialmente comparada con la anterior a 70 mil 288. Diez años después, los delincuentes encarcelados por delitos del fuero federal sumaban 51 mil 169, y los procesados por el fuero común alcanzaron 152 mil 517.
Ante tal elocuencia de las cifras, se manifiesta que los recursos económicos se han incrementado, las cárceles se han saturado y la incidencia de los delitos denunciados no presenta reducción.
Sólo en el sexenio de Vicente Fox, éste privilegió la compra de equipo por encima de la prevención de delito.
"Es evidente que en este renglón, durante la administración pasada se impulsó la compra de armas y sistemas de radiocomunicación, y el renglón menospreciado fue la modificación del entorno que genera el desarrollo del delito, es decir, los ciudadanos. Si bien la lucha contra la corrupción puede concretarse mediante la profesionalización o la evaluación de los aparatos policiacos, no fue reportada como un eje de acción relevante. De esta forma, la prevención del delito y la participación ciudadana ocupan un lugar destacado en los discursos, pero no en la realidad."
El estudio manifiesta que si bien se ha incrementado exponencialmente el presupuesto destinado al combate de la delincuencia, y con ello se han modificado los aparatos administrativos y operativos, no se han modificado la incidencia delictiva, la impunidad, la corrupción ni la desconfianza de los ciudadanos.
La idea de gastar más dinero y concentrarse en perseguir los delitos mediante el endurecimiento de las penas es una política de seguridad equivocada, establece Adolfo Miranda:
"Pese a todas las evidencias históricas, aún se insiste en que lo primordial es incrementar las sanciones y gastar más recursos, porque a los gobernantes les resulta más sencillo la retórica de la mano dura que entender y hacerse cargo de que en el fondo del problema persiste gran cantidad de delitos no denunciados, y que aun en los casos en que los ciudadanos informan a la autoridad, sólo en un porcentaje insignificante se llega a la detención de los responsables".