Productores rechazan vender el kilogramo en $8.50
Fracasa pacto para fijar el precio de la tortilla
Industriales de la masa y la tortilla de varios estados advirtieron que no pueden bajar el precio del alimento a 8.50 pesos, como indica el acuerdo firmado el jueves por el presidente Felipe Calderón y una parte de los productores.
Adujeron que quienes respaldan ese pacto son acaparadores y dueños de supermercados, además de que los precios de los insumos no han bajado.
De hecho, el precio del kilogramo de tortilla se mantuvo ayer entre nueve y 11 pesos en Aguascalientes, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo y Colima, entre otras entidades.
"El Presidente llamó a un acuerdo, no fue un decreto; por tanto, no lo acataremos, pues no es posible estar subsidiando al pueblo, no podemos bajar el precio a como él lo sugiere", dijo Jorge Navarro Serna, dirigente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de Aguascalientes, que afilia a casi 500 tortillerías. Anunció que sus asociados mantendrán el precio del kilogramo en 10 pesos.
Ese es el sentir de unos 150 mil productores en todo el país, y si Calderón "piensa que con el acuerdo que hizo con sus cuates, que dice que son más de 5 mil tortillerías, pues la verdad no nos ha tomado nuestro parecer, porque la mayoría de quienes le entraron a ese acuerdo son supermercados, y no quienes nos dedicamos a esto de toda la vida", aseveró.
Jorge Alberto López Chávez, presidente de los industriales del ramo en el norte de Sinaloa, dijo que los únicos beneficiarios del acuerdo serán las grandes cadenas comerciales, entre ellas Bimbo, Wal-Mart y Grupo Maseca, pues pretenden desaparecer del escenario nacional a las microempresas en general, ante la imposibilidad de competir con estas grandes firmas.
"Lo que se vio es una ofensa para el pueblo. Ahí estuvieron la cúpula de los poderes de los ricos, de los acaparadores, dándose un abrazo Felipe Calderón con Roberto González (propietario del Grupo Maseca). Millones de ciudadanos estamos viendo la hipocresía. ¿Cómo es posible que quien ha acaparado el producto y no respeta las reglas de operación, esté sentado en la mesa del Presidente?", cuestionó.
Porfirio Garza Rojas, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Nuevo León, expuso que el acuerdo sólo tiene aplicación en la capital del país, pues en el estado seguirán ofreciendo el producto a 10 pesos el kilogramo.
Garza Rojas señaló que el costo del grano básico, así como el de los energéticos, hace imposible que puedan bajar el precio de la tortilla, a menos que a ellos les rebajen el precio de maíz, gas y luz.
En Chetumal, Quintana Roo, el precio tope de 8.50 pesos sólo fue respetado en 40 por ciento de las tortillerías, mientras en el resto siguió a 10 y 12 pesos, según un reporte de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Ultimátum a industriales
En Colima, donde la Profeco ha detectado negocios que venden el kilogramo de tortilla en 11 y 12 pesos, el delegado de la dependencia, Antonio Saldaña Orduño, manifestó que será hasta en 20 o 30 días cuando se pueda reflejar el precio de 8.50 pesos, debido a que los tortilleros siguen comprando caros los insumos.
No obstante, señaló que se dará un plazo de 24 horas para que los industriales se sumen al acuerdo, y que si en ese plazo mantienen el precio arriba de 10 pesos se harán acreedores a un procedimiento administrativo que podría llevarlos a multas por miles de pesos.
Mario Coutiño Fonseca, dirigente de los industriales del ramo en Chiapas, firmó un acuerdo con Mirna Camacho, delegada de la Profeco, para "mantener" en nueve pesos el kilogramo del producto "hasta el 9 de abril; después de esa fecha podría subir el precio". A cambio, la dependencia cesará "la cacería de brujas contra los tortilleros", muchos de los cuales continuaron vendiendo su producto este viernes en 10 pesos.
En este contexto, Abel Ruiz Méndez, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en Tapachula, Chiapas, reveló que productores de maíz y empresarios de Monterrey, además del gobierno del estado, iniciaron negociaciones para la instalación de una planta procesadora de harina en la región del Soconusco. De concretarse, sería una fuente de empleos e impulsaría la producción, comercialización e industrialización del grano, incluso con miras al abastecimiento nacional.
En Ciudad Guadalupe, Nuevo León, unos 30 activistas clausuraron las oficinas de Cargill-Purina y Grupo Maseca, a cuyos propietarios responsabilizan de la "especulación y acaparamiento" de maíz.
A su vez, Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura, manifestó en Yautepec, Morelos, su convicción de que la firma del acuerdo "es la forma como se tienen que contener los precios en una economía de mercado; no de otra forma, ni amenazando ni mucho menos".
Claudio Bañuelos, Javier Valdez, David Carrizales, Javier Chávez, Verónica González, Angeles Mariscal, Rodolfo Villalba y La Jornada Morelos