Jorge Silva Morales dirigirá el combate al lavado de dinero en DF
Jorge Silva Morales, un ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que intervino en la comisión encargada de auditar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en la LVII Legislatura, estará al frente de la Unidad de Combate al Lavado de Dinero en el Distrito Federal.
Al dar a conocer lo anterior, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que una vez formalizada la creación de dicha unidad con la publicación ayer del acuerdo correspondiente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, estará lista para comenzar a operar el 22 de enero y "deberá tener resultados inmediatos".
Explicó que para esa fecha espera que se tenga ya todo listo para comenzar con la revisión de 2 mil registros de presos con sentencias por delitos como tráfico de drogas y secuestro.
Como diputado federal por el distrito 8, correspondiente al municipio de Tultitlán, estado de México, Silva Morales quien tuvo como compañero en dicha legislatura al mismo Ebrard, fue secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y participó en el Comité Técnico de Auditoría del Fobaproa, en la que se opuso a la conversión del rescate bancario en deuda pública.
Obtuvo la licenciatura en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. De 1979 a 1985 fue ejecutivo de cuenta y conferencista en la Bolsa Mexicana de Valores, en casas de bolsa y asesor financiero; tesorero y subsecretario de finanzas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Puebla en el periodo 1987-1993, y coordinador municipal de Tlalnepantla, estado de México.
Ebrard señaló que Silva Morales se desempeñaba actualmente como tesorero del municipio de Ecatepec y como especialista en ingeniería financiera, gobierno electrónico y administración pública, por lo que lo invitó a incorporarse a su gobierno para hacerse cargo de la nueva unidad que se integró el pasado jueves con las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública, la procuraduría General de Justicia capitalina y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.