Cuestionan consejeros afirmación de la solicitante
Revoca el Infodf respuesta a diputada panista que pidió datos sobre plantón
El pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal determinó revocar la respuesta que la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas otorgó a la diputada local de Acción Nacional Paula Adriana Soto Maldonado con respecto a los recursos que presuntamente el gobierno capitalino erogó "en apoyo" del plantón de los simpatizantes del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Con dicha resolución, la Secretaría de Finanzas está obligada a realizar una "búsqueda exhaustiva" de la información solicitada, y en caso de que dicho ente público no cuente con ella, tiene la obligación de "orientar" a la legisladora blanquiazul en qué instancias debe solicitarla.
No obstante que la decisión se tomó de manera unánime, durante la discusión en el pleno a la cual no acudió la nueva comisionada ciudadana, María Elena Pérez, ya que fue citada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para rendir protesta el comisionado Jorge Bustillos cuestiono la validez de la afirmación hecha por la solicitante de que los costos del plantón fueron asumidos por el gobierno capitalino.
A decir de Bustillos, el cubrir "aspectos de seguridad pública, protección civil y salubridad" en el contexto de manifestaciones políticas son "acciones regulares" que cualquier gobierno debe de asumir.
"Hay que hacer una reflexión sobre la afirmación de que los costos fueron asumidos por el Gobierno del Distrito Federal (...) me parece que no es lo más afortunado que nosotros asumamos o señalemos que fue así, ya que estas acciones las hace el gobierno en cumplimiento de sus atribuciones, es decir, no son costos etiquetados o derivados".
La solicitud de Soto Maldonado, quien accedió a una curul de la Asamblea por la vía plurinominal, presupone que el GDF "erogó más o menos 3 millones de pesos con motivo del plantón", y de los siete puntos que conforman su petición ninguno se refiere al costo que significó el apoyo que las autoridades capitalinas otorgaron al sector empresarial, que supuestamente resultó afectado por la inconformidad política.