Podría favorecer a grupos privilegiados, dice Guerrero
La Iniciativa Chihuahua limita el acceso a la información: IFAI
A unas semanas de que cinco gobernadores presentaran a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en favor del derecho de acceso a la información y la transparencia, Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), advirtió que el texto establece una serie de limitaciones y candados que podrían favorecer intereses de grupos privilegiados y la opacidad en datos relativos al origen, uso y destino de recursos del erario federal.
En una misiva de cinco cuartillas, enviada a los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, PVEM, Convergencia, PT, Nueva Alianza y Alternativa Social Democrática y Campesina, Guerrero destaca que dicha iniciativa, presentada en diciembre pasado, retoma párrafos de la elaborada por el ex presidente Vicente Fox, misma que, conforme al texto difundido en abril pasado por La Jornada, limita el acceso a la información pública y la obtención de datos patrimoniales de funcionarios públicos.
Lo anterior ocurre porque en el anteproyecto de la iniciativa foxista se adicionó un último párrafo al artículo sexto constitucional y se estableció en la primera de nueve fracciones que la información en posesión de órganos del Estado y de los partidos, aunque pública, estaría "sujeta a las reservas temporales que por razones de interés público establezca la ley", además de que pone limitaciones a información relativa a datos personales y patrimoniales.
Cabe destacar que el párrafo entrecomillado es idéntico al propuesto en la iniciativa suscrita por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas, ya que en la fracción segunda del artículo en comento citan: "La información gubernamental está sujeta a las reservas temporales que por razones de interés público establezca la ley".
Al respecto, Guerrero, quien desde la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del IFAI ha sostenido una lucha pública por garantizar la transparencia gubernamental, explica que "ninguna redacción constitucional del derecho a la información (en el mundo) llega al detalle de la clasificación"; además, la "limitación" al ejercicio de esa garantía básica sólo debe quedar establecida en leyes secundarias.
Otra precisión de Guerrero, promotor de la Ley Federal de Transparencia desde el Grupo Oaxaca, creado por académicos y activistas en 2001, después que el gobierno foxista pretendía establecer "excepciones" en la apertura de información y restringía sólo a las dependencias del gobierno federal la obligación de informar es decir, no incluía al IFE, la UNAM, la CNDH y otros sujetos obligados, es que en el párrafo primero del artículo referido se añada el término "gubernamental" para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en poder de los órganos del Estado y los partidos. También, subraya, debe incorporar "el principio de publicidad en el origen, uso y destino de los recursos públicos en cualquiera de sus formas y expresiones".
Cuestiona, asimismo, que en la fracción tercera se consideren "confidenciales" los datos personales y se establezca un acceso restringido. "Nuevamente cita Guerrero la limitación del derecho debería asentarse en una legislación secundaria. Clasificar todos los datos personales como confidenciales deja un mínimo margen de maniobra para la promulgación posterior de una necesaria ley de datos personales". Y lo más grave es que esa clasificación "podría dificultar el acceso a registros públicos" de la propiedad, civil, comercio, de servidores públicos, pese a que tener acceso a éstos es "elemento central para la seguridad jurídica y pública, así como el combate a la corrupción".
De las observaciones que hace Guerrero a 10 fracciones de la denominada Iniciativa Chihuahua, sobresale también el que se establezca como obligación de los órganos del Estado y de los partidos dar información sobre el origen del financiamiento, uso y destino de los recursos públicos. El comisionado del IFAI enfatiza con toda claridad su postura en favor de la reforma al artículo sexto constitucional, de manera que "facilite en todos los ámbitos gubernamentales y de los partidos el ejercicio del derecho a la información".