Presionan para que quitemos el plantón: familiares de detenidos por el conflicto en Oaxaca
Autoridades de penal de Miahuatlán alientan agresiones contra los "presos políticos"
Exige la Limeddh a los gobiernos federal y estatal garantizar seguridad de los internos
Por órdenes de las autoridades del penal de Miahuatlán, Oaxaca, internos por delitos del fuero común amenazaron a los 19 "presos políticos" recluidos en esa prisión por el conflicto en la entidad, denunció el comité de padres de familia de los detenidos el pasado 25 de noviembre.
La advertencia dijeron tiene como objetivo que los familiares de los reos levanten el plantón que mantienen desde el pasado primero de enero afuera de la cárcel de Miahuatlán de Porfirio Díaz, además de frenar las movilizaciones de los inconformes por las detenciones, como la marcha realizada el jueves.
Ante estas amenazas, los padres de los detenidos por el conflicto social que se vive en la entidad responsabilizaron a las autoridades federales y estatales, así como al director del penal, Juan Carreño, y al jefe de custodios, Raúl Ramírez, de "cualquier acto de intimidación, agresión, tortura sicológica o física, e inclusive abuso sexual", contra sus familiares.
Por su parte, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) emitió una petición de acción urgente en la que expresa que estos actos "son reflejo del clima de intolerancia promovido por el gobernador Ulises Ruiz", por lo que exigió a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los internos y los participantes en el plantón afuera del penal, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos conozca del caso y se pronuncie al respecto.
En tanto, Yolanda Gutiérrez, integrante del comité de padres, afirmó en entrevista telefónica desde Oaxaca que el pasado 4 de enero, tras concluir la marcha y el mitin a las afueras del penal, Carreño y Ramírez se les acercaron para solicitarles que conformaran una comisión para dialogar con los detenidos en la zona de locutorios de la prisión, quienes les proporcionarían "información importante" relacionada con los actos de protesta de ese día.
Dijo que dicha comisión se conformó con cuatro integrantes del comité de padres e ingresó al penal, donde dialogaron con tres de los "presos políticos", quienes "nos informaron que fueron amenazados por los internos de que si no quitábamos el plantón y dejábamos de realizar marchas serían golpeados con tablas", además de que los tacharían, es decir, que se les encerraría en sus celdas por más de 20 días.
Tras recibir la noticia, la comisión de padres intentó hablar con el director del centro de readaptación social, pero no se encontraba en su lugar de trabajo; en cambio, fueron atendidos por el director de custodios.
"Trato prepotente"
Los denunciantes señalaron que Ramírez se portó "prepotente, argumentando que familiares de los internos (del fuero común) se habían quejado de que por culpa de nuestra marcha no habían llegado a la visita"; sin embargo, afirmaron que la movilización terminó a las seis de la tarde, y el horario de visita concluye a las cinco, por lo que no pudieron ser un obstáculo para el ingreso de quienes visitaban a sus presos.
Agregaron que el jefe de custodios también les comentó que los campamentos del plantón impedían el acceso y el libre tránsito a los familiares de la mayoría de los internos de ese penal, "situación falsa, porque no obstruye ninguna entrada o acceso a este Cereso".
Otro hecho que causó alarma entre el comité de padres fue una llamada que recibieron dos de los integrantes del organismo alrededor de las 8:30 de la noche del jueves pasado, en la que voces femeninas, quienes dijeron ser parte de los "presos políticos", les pedían que levantarán el plantón porque varios de sus compañeros estaban amenazados de muerte.
Los activistas sospechan que en dichas llamadas se suplantó a los "presos políticos", debido a que es cotidiano que se les encierre en sus celdas a las 8 de la noche, "por lo que resultaría imposible que realizaran llamadas 30 minutos después".
Cabe destacar que de los 19 presos por el conflicto en aquella entidad, 17 fueron detenidos durante el operativo policiaco del 25 de noviembre, y los otros dos en fechas anteriores, lo que ha provocado que estos últimos se encuentren "en contacto directo" con la comunidad penitenciaria de esa cárcel, y no en celdas especiales, como la mayoría, "por lo que corren más peligro", alertó Gutiérrez.
Para la Limeddh, los hechos antes mencionados "parecen corresponder a actos propiciados por las autoridades del penal para deslindarse de toda responsabilidad de amenazas y hostigamiento en contra de los manifestantes", al impedir el acceso al penal a los parientes de los detenidos por ilícitos del fuero común y culpar a los plantonistas.
"Recordamos que es un derecho constitucional de los familiares constituir un plantón, organizar mítines y marchas pacíficas, y que es responsabilidad de las autoridades penitenciarias la seguridad de todas las personas sometidas a prisión", expresó la ONG.