Firmaron una carta responsabilizándolos de actos de violencia en Oaxaca
Obligaron a excarcelados a culpar a activistas: Limeddh
Para obtener su libertad, algunos de los 18 excarcelados el pasado 30 de diciembre en Oaxaca fueron obligados a firmar una carta dirigida al gobernador Ulises Ruiz, en la que hacen imputaciones directas contra los defensores de derechos humanos en la entidad, con especial énfasis en la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y de su presidenta en el estado, Yésica Sánchez, acusándolos de ser el grupo promotor de la violencia y de obligarlos a respaldar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), denunció la organización de defensa a las garantías fundamentales.
Ante este panorama, el organismo analiza entablar una denuncia penal contra el grupo de abogados, encabezados por José Juárez quien tramitó la libertad de los detenidos, debido a que "podría tener vínculos" con el gobierno estatal.
Aclaró que la demanda no se entablaría contra las personas que signaron el documento, debido a que "fueron obligados", sino contra quien resulte responsable de haberlos hecho firmar, pues incurrieron en el delito de difamación.
Actualmente existe una orden de aprehensión contra Yésica Sánchez, debido a los acontecimientos del pasado primero de agosto en Oaxaca, cuando un grupo de mujeres de la APPO tomó las instalaciones de Canal 9. Un juez del municipio de Etla, cercano a la capital oaxaqueña, dictó la orden de detención de la activista por presunto despojo agravado, al suponer que encabezó el acto contra la televisora estatal.
La Limeddh consideró que con esas acciones se busca "legitimar" la orden de aprehensión, además de que "es un ataque directo contra los defensores".
Asimismo, aseguró que cuenta con los testimonios de los denunciantes y con su palabra de que lo reafirmarían en caso de que se emprenda una acción legal.
Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, destacó que es urgente la presencia en la entidad de los relatores de la ONU para la defensa de derechos humanos y la independencia de jueces y magistrados, solicitud hecha desde hace varios meses por varias organizaciones sociales, sin que a la fecha el organismo internacional responda.
Diversas instancias, como Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación sobre la acusación que pesa sobre Yésica Sánchez y han exigido que el Estado mexicano garantice la protección para los defensores y analice en particular el caso de la presidenta de la Limeddh- Oaxaca, quien ha participado en negociaciones entre autoridades y representantes del movimiento, en la defensa jurídica de los detenidos y como promotora de que familiares de los presos puedan acceder a los penales.
En un comunicado conjunto, decenas de organizaciones de Oaxaca respaldaron la labor "seria y responsable" de la Limeddh y señalaron que el contenido de la carta mencionada, "además de ser falso y doloso, coloca en grave peligro el trabajo que desarrollan los defensores de las garantías individuales en la entidad al crear un clima de hostilidad y amenaza".
Además, coincidieron en que la misiva refleja una estrategia para dividir el movimiento social, el intento de desprestigio contra las organizaciones de derechos humanos y la comisión de "actos de intimidación contra los activistas".
Por ello, emitieron una petición de acción urgente dirigida al presidente Felipe Calderón, representantes del gobierno federal y del Poder Legislativo en la que exigen que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para respetar la labor de los activistas que realizan trabajo de defensa de las garantías fundamentales, y que garanticen su seguridad e integridad física.