Familiares de presos denuncian incumplimiento oficial; "es 2007 y siguen en la cárcel"
Por miedo, reubican plantón cercano a penal femenil
Tlacolula de Matamoros, Oax., 2 de enero. El Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) reubicó a unos metros de la carretera internacional Cristóbal Colón el campamento que la noche del lunes instaló afuera del reclusorio femenil de este municipio, a 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, debido a las amenazas de desalojo y agresión de la Policía Preventiva del estado y de la dirección del penal.
Gabriela, familiar de uno de los presos, informó que el plantón es para reclamar a la Secretaría de Gobernación el cumplimiento del compromiso asumido con la comisión de diálogo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de liberar a los "presos políticos y de conciencia" antes de terminar 2006. "Ese fue el acuerdo, pero es 2 de enero de 2007 y nuestros familiares siguen en la cárcel", dijo.
Recordó que iniciaron la protesta casi a las 19:30 horas del lunes, pero una hora y media después "llegaron policías preventivos encapuchados y armados" para amenazar con desalojar o detener a los manifestantes en caso de no retirarse. "Nos dijeron en un tono amenazante que tenían órdenes de que no iban a permitir pendejadas y mejor optamos por retirarnos", señaló.
El Cofadappo reubicó el plantón temprano, pero al momento de hacerlo sus integrantes recibieron nuevas amenazas de los agentes y del personal del reclusorio femenil, en nombre supuestamente del director, Juan José Martínez Orozco.
Para evitar agresiones, los familiares asentaron el campamento de denuncia a unos 30 metros del primer retén de la prisión y a unos 10 metros del crucero con la carretera internacional Cristóbal Colón.
Gabriela dijo que el Cofadappo no se amedrentará, "seguirá luchando hasta lograr la liberación de los presos, por ser inocentes de todos los delitos imputados" y porque "no por participar en una lucha social" por la caída del gobernador Ulises Ruiz "se es delincuente".
Esta noche, familiares de los presos asistieron a una misa en la catedral local para orar por que sean liberados. Ante ello, las policías estatal y municipal cerraron los accesos al zócalo para impedir que fuera retomado el primer cuadro. Armados, los agentes cerraron el acceso con rejas metálicas.
Tras la misa, los fieles se concentraron en el atrio para gritar consignas contra el gobernador y en favor de la APPO, y demandar la liberación de los encarcelados. Esta es la primera protesta en el primer cuadro de la ciudad desde la llegada de las fuerzas federales, el 29 de octubre pasado.
Según el Cofadappo, en el reclusorio de Tlacolula de Matamoros permanecen 16 personas, 13 detenidas por la Policía Federal Preventiva el 25 de noviembre durante y después de un choque con seguidores de la APPO; dos más el 20 de ese mes y uno el 1º de diciembre. En el reclusorio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, a 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, se encuentran otras 26 personas.
En esta ciudad, presidentes municipales del centro de la región de los Valles Centrales amenazaron con renunciar al PRI en caso de que el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, respalde los ayuntamientos populares de Zaachila, Santa María Atzompa y Santa Cruz Amilpas, partidarios de la APPO. Doroteo García, alcalde de San Francisco Lachigoló, criticó al funcionario por "permitir actos al margen de la ley" y "por gestar las traiciones al PRI desde la Secretaría General de Gobierno". Solicitó a Ulises Ruiz designar a otro titular del ramo a fin de "hacer respetar el estado de derecho" con la reinstalación de los alcaldes constitucionales.
Exigió al recién designado dirigente estatal del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga, hasta hace unos días secretario de Gobierno, respaldar a los ediles desplazados y así "abanderar las causas" del partido.
Mientras, se reinició el ciclo escolar 2006-2007, tras las vacaciones de fin de año, excepto en 85 escuelas de la región Cañada por estar aún ocupadas por padres de familia y priístas contrarios al regreso de los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por haber dado origen al conflicto social en mayo pasado. El secretario de Prensa y Propaganda del magisterio, Daniel Rosas Romero, dijo que la toma de las escuelas compete directamente a la Secretaría de Gobernación, porque había convenido en la minuta de acuerdos, suscrita el 29 de octubre de 2006, la entrega de los planteles como condición para el inicio del ciclo lectivo.