Usted está aquí: miércoles 3 de enero de 2007 Política Ortiz Mayagoitia, nuevo presidente de la Corte

Niega que signifique continuidad de la línea de Azuela

Ortiz Mayagoitia, nuevo presidente de la Corte

Electo con el voto de siete de 11 ministros, promete cuidar que no se "malinterprete" la relación con los otros poderes

JESUS ARANDA

Ampliar la imagen Guillermo I. Ortiz Mayagoitia al rendir protesta como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Francisco Olvera

Con mayoría de siete votos, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia fue elegido ayer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión pública que requirió únicamente de una ronda. En su primer mensaje, el nuevo titular del máximo tribunal del país agradeció el apoyo de quienes votaron por él, y delineó 10 puntos en los que basará su actuación, entre los que destaca la necesidad de utilizar los recursos con "racionalidad y eficiencia", en razón del reciente recorte de 4 mil millones de pesos en la partida de la Judicatura Federal para este año.

Tras reconocer que "a lo largo de los últimos ocho años la Corte no cuenta con un índice de confianza satisfactorio", Ortiz Mayagoitia se comprometió a impulsar una política de "fallos justos", a tutelar los derechos humanos y las garantías fundamentales, fortalecer la presencia del Poder Judicial federal ante la sociedad, impulsar la transparencia, mejorar la selección de jueces federales y afianzar a la Corte como tribunal constitucional.

En conferencia de prensa, adelantó que no habrá un "golpe de timón" en relación con la gestión de su antecesor, Mariano Azuela Güitrón. Asimismo, rechazó que con su elección el pleno haya quedado dividido y recordó que momentos antes había dicho a sus compañeros que "optar y elegir no ha de ser sinónimo de división o ruptura, sino justamente de consenso y unión en torno a la transparencia de los procesos y la libertad de elegir responsablemente".

A pregunta expresa sobre las críticas a su antecesor por la relación que mantuvo con el ex presidente Vicente Fox ­particularmente durante el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador­ y la forma en que él se relacionará con Felipe Calderón, dejó en claro que será muy cuidadoso en no dejar que se "malinterpreten" los vínculos institucionales con otros poderes, a fin de evitar que se afecte la autonomía e independencia del Poder Judicial federal.

La sesión de ayer empezó 11 minutos después de la 11 de la mañana, tiempo que fue aprovechado por el canal judicial para transmitir información sobre la forma en que se llevaría a cabo la designación del nuevo ministro presidente.

Declinación de Aguirre Anguiano

Se esperaba una elección más reñida, pero Sergio Salvador Aguirre Anguiano ­uno de los seis que oficializaron su candidatura­ pidió la palabra para adelantar que, en razón de que sólo había recibido el apoyo de dos de sus compañeros, prefería declinar, lo que allanó el camino a Ortiz Mayagoita, y derivó en que Juan N. Silva Meza obtuviera únicamente tres votos.

Sin afán de protagonismo, Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo ­quienes habían presentado también sus proyectos de trabajo­ simplemente votaron en favor de otro; la primera, por Juan N. Silva Meza, y el segundo, por Ortiz Mayagoitia. Trascendió que Genaro David Góngora Pimentel también apoyó a Silva, mientras que Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío apoyaron al triunfador.

El único que se mantuvo fue Sergio Valls, quien obtuvo un solo voto: el suyo.

Y aunque el primer discurso del ministro presidente dejó buena impresión en sus compañeros, trascendió que causó "extrañeza" que expresara gratitud únicamente a los que lo apoyaron. "Pensé que cuando menos diría algo en relación con los que buscaron otra opción", comentó un ministro consultado.

En su primer encuentro con los medios de comunicación, Ortiz Mayagoitia cuestionó la "percepción" que hay en la opinión pública de que representa la continuidad de la gestión de Azuela y una línea conservadora. "Al contrario ­sostuvo­, mis propuestas y las de los otros ministros que aspiraron al cargo son complementarias".

Tajante, también negó que en la Suprema Corte haya "rezago alarmante de asuntos, ya que sólo existen 439 asuntos en trámite, cuando hace 12 años sumaban más de 2 mil 600"; aunque aceptó que hay asuntos de pleno "importantes" que deben listarse de manera "prioritaria", lo que no se hizo el año pasado por diversas razones.

En este contexto, dijo que directamente tomará cartas en el asunto para que, a la brevedad, el pleno se aboque a la resolución de la constitucionalidad de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones, Radio y Televisión; el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; la posible discriminación en la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfam) en relación con los militares que padecen enfermedades incurables, como sida y cáncer, y la definición de la jerarquía normativa de los tratados internacionales firmados por México.

Asimismo, "la resolución sobre casos de interés político y social, como la investigación relacionada con el gobernador de Puebla", Mario Marín, en torno a la presunta violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, entre otros.

Cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que los ministros se sumen a la iniciativa presidencial de reducir 10 por ciento el sueldo del Ejecutivo federal, Ortiz Mayagoitia respondió de entrada que la Constitución señala claramente que las percepciones de ministros, magistrados y jueces no pueden ser disminuidas, pero que, en todo caso, "tengo ideas que debo consensuar con los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal ­órgano que él también preside a partir de ayer­, para que la austeridad llegue a este concepto también".

Respecto a la aplicación de los juicios orales en materia penal, dejó en claro que éstos funcionarían en caso de que se modifique la ley, a efecto de que el acusado de entrada acepte o no su culpabilidad, y que a partir de ahí se inicie el procedimiento correspondiente; o bien, que la ley prevea, como aspecto fundamental, la posible conciliación entre la víctima y el agresor, porque de otra manera, advirtió, "difícilmente prosperaría esta forma de impartir justicia". En todo caso, apuntó, será el Congreso el que defina si se aplica la oralidad en procesos y bajo qué condiciones.

Sostuvo también que se mantendrá atento a que se respete la autonomía e independencia de jueces y magistrados federales, y aseveró que no tolerará la intervención de nadie en asuntos jurisdiccionales, incluidos, ministros de la Corte.

 
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