Usted está aquí: miércoles 3 de enero de 2007 Mundo Confirma el gobierno español que diálogo con ETA "está liquidado"

El ministro del Interior se reunirá con líderes de partidos para evaluar nuevo plan

Confirma el gobierno español que diálogo con ETA "está liquidado"

El derechista Partido Popular exige que se impida a Batasuna participar en próximos comicios

Evaluará la Audiencia Nacional si procesa a Otegi por pedir la continuación del proceso de paz

AFP, DPA, REUTERS

Ampliar la imagen Integrantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifestaron este martes frente al Parlamento, en Madrid, en demanda de que el gobierno español no vuelva a reanudar las negociaciones con el grupo vasco ETA. En la imagen de la derecha, Alfredo Pérez Rubalcaba en conferencia de prensa Foto: Reuters

Ampliar la imagen Integrantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifestaron este martes frente al Parlamento, en Madrid, en demanda de que el gobierno español no vuelva a reanudar las negociaciones con el grupo vasco ETA. En la imagen de la derecha, Alfredo Pérez Rubalcaba en conferencia de prensa Foto: Reuters

Madrid, 2 de enero. El gobierno socialista español confirmó hoy oficialmente la ruptura del proceso de paz iniciado hace nueve meses con ETA, en respuesta a la fuerte presión de la oposición conservadora, que le exigía poner fin definitivamente al diálogo con la organización independentista armada vasca.

El proceso está "roto, liquidado, acabado", declaró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tres días después del atentado cometido por ETA en un estacionamiento del aeropuerto de Madrid, entre cuyos escombros los equipos de rescate y bomberos aún buscan afanosamente los cuerpos de dos ecuatorianos, únicas víctimas del atentado.

Si la derecha quiere "que digamos que el proceso de paz se ha roto, pues bien, evidentemente se ha roto. Que el proceso se ha liquidado, evidentemente el proceso está liquidado. Que se ha acabado, evidentemente está acabado", señaló Rubalcaba en una conferencia de prensa en la capital española.

"ETA ha sido quien ha roto, ha liquidado y ha acabado el proceso de paz", subrayó el ministro ante la exigencia del opositor y derechista Partido Popular (PP), que mantenía sus críticas al presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no había cerrado por completo las puertas a ETA.

De manera paralela, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se sumó por separado a las declaraciones del ministro del Interior, al puntualizar que el diálogo con ETA ha quedado roto, tras la explosión de una potente bomba, el sábado anterior, en el aeropuerto de Madrid, atribuido a la organización armada vasca.

"La voluntad de diálogo con ETA ha quedado enterrada bajo los escombros", expresó el secretario de la organización y número dos del PSOE, José Blanco, quien pidió unidad a los partidos políticos para luchar contra el terrorismo. "Es hora de firmeza democrática, de confianza y de (hacer valer) el estado de derecho", asentó.

Aseveró que "el proceso, porque así lo ha querido ETA, está roto". El partido, añadió, no realizó ningún movimiento en el lapso de tregua decretado por ETA y "nunca hubo rendición ni cesión alguna". Respecto de Batasuna, señaló que las cuestiones del País Vasco sólo pueden ser tratadas entre las "fuerzas democráticas y legalmente reconocidas. La formación abertzale, agregó, "no es ninguna de las dos".

Con todo, tanto las declaraciones de Rubalcaba como las del PSOE no parecían satisfacer al PP, al insistir en que sea el propio Rodríguez Zapatero quien comparezca para dar por terminado el proceso con ETA, pues no le basta su declaración del sábado de "suspensión" del diálogo y los contactos con el grupo armado.

El ministro del Interior proclamó oficialmente la ruptura del intento histórico de dar salida negociada y pacífica a 38 años de campaña, por las armas, de ETA por la independencia del País Vasco, que ha tenido un cruento balance de unos 850 muertos a lo largo del conflicto.

El intento ­realizado tras el anuncio de ETA de un "alto el fuego permanente", el 22 de marzo de 2006­ despertó grandes esperanzas en España y el País Vasco para terminar con la violencia. Rodríguez Zapatero había hecho de la solución pacífica a la problemática vasca la prioridad de su mandato.

Sin embargo, todo parece indicar que finalmente fracasó en su apuesta, como antes sucedió al también socialista Felipe González y al conservador José María Aznar, quienes intentaron negociar con ETA en dos anteriores treguas de la organización, en 1989 y 1999.

Este fracaso significa un grave revés para Rodríguez Zapatero, quien llevaba personalmente, con un equipo muy restringido de personas de confianza, un delicado proceso que insistía en calificar de "duro, largo y difícil" para enfrentarse finalmente a la intransigencia de ETA con el atentado.

Durante nueve meses tuvo que contener la virulenta oposición de la derecha y de importantes sectores de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que lo acusaban de estar dispuesto a agitar la bandera de la paz cediendo a las exigencias políticas e independentistas sobre el derecho del País Vasco a la autodeterminación.

Pérez Rubalcaba confirmó que martes y miércoles próximos se reunirá con los jefes de los grupos parlamentarios, empezando por el del PP, para buscar una "estrategia común" frente a la nueva situación creada a partir del atentado del sábado.

"Ahora es tiempo de que nos pongamos a trabajar juntos para acabar con la violencia en el país", añadió el ministro del Interior. Estuvo de acuerdo con el PSOE en que se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas en la búsqueda de iniciativas comunes para enfrentar el terrorismo.

El secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, había denunciado durante la jornada el "error absoluto" del jefe del gobierno, acusándolo de mantener "su invitación a la negociación" con ETA. A su vez, el secretario de las libertades públicas del PP, Ignacio Astarloa, exigió que Rodríguez Zapatero "pronuncie una declaración formal de ruptura con ETA".

Astarloa demandó al gobierno español, en conferencia de prensa, un paquete de medidas políticas y jurídicas "para evidenciar con hechos que se vuelve a la política antiterrorista que se practicaba hace dos años y medio", en alusión a la aplicada por el PP.

Entre las medidas reclamó que se impida a Batasuna presentarse a las próximas elecciones municipales, que "se acabe con la normalización" de su actividad política y que el PSOE se comprometa a que no va a participar nunca "en la mesa de negociación política que le exige ETA".

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, fue el primero, el domingo, en lanzar el guante, afirmando que sólo había una respuesta al atentado: "Rompo con ETA, aplico la ley con todos los partidos y todos los españoles, y voy a darles batalla".

El fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, anunció que analizará si emprende alguna actuación contra Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, por su conferencia de prensa del sábado, en la que abogó por la continuación del diálogo con ETA.

Los autores del atentado serán detenidos y condenados: fiscal

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, prometió, por su parte, una respuesta judicial "enérgica y contundente" al atentado, y adelantó que "sus autores serán detenidos, acusados y condenados", en declaraciones al diario El Mundo.

Más aún: el fiscal general dijo que ETA está derrotada. "Creo que el tiempo del terrorismo ha terminado definitivamente, y la situación es irreversible. ETA está derrotada y estamos asistiendo al entierro".

En tanto, los equipos de rescate continuaron hoy, por cuarto día consecutivo, las labores de búsqueda de los dos ecuatorianos desaparecidos tras el atentado en el aeropuerto madrileño, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Pelate, aunque con el paso de las horas las esperanzas de encontrarlos con vida se desvanecían.

De hecho, el gobierno de Ecuador recibió este martes las condolencias de su homólogo español por la desaparición de los dos ciudadanos de ese país. Madrid se comprometió a hacerse cargo de los gastos de repatriación o del entierro en España, según resuelvan los deudos.

 
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