Usted está aquí: lunes 18 de diciembre de 2006 Opinión Oaxaca: lo que falta

Editorial

Oaxaca: lo que falta

La liberación bajo fianza de 43 de los más de 200 presos por el conflicto oaxaqueño es una buena noticia ya que resulta inadmisible que a estas alturas haya en reclusorios del país ciudadanos detenidos por su militancia social y política y porque con la excarcelación de los oaxaqueños que se encontraban en el Cefereso de San José del Rincón, Nayarit, se corrige, en parte, el grave atropello de un destierro carcelario que no tenía razón de ser. Otro dato positivo es el retiro parcial del contingente de la Policía Federal Preventiva que fue desplegado hace ya mes y medio en la capital de Oaxaca y que ha venido cometiendo tropelías y agresiones injustificables en su encomienda de reprimir al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Estas dos acciones del poder podrían ser tomadas como gestos de buena voluntad, pero de ninguna manera constituyen una solución, ni siquiera parcial, al conflicto que se vive en tierras oaxaqueñas. En primer término, es necesario poner en libertad al resto de los detenidos el 25 y el 26 de noviembre y cancelar los procesos legales que se siguen contra los todavía presos, los recién liberados y aquellos que enfrentan órdenes de aprehensión como consecuencia de su participación en las manifestaciones en demanda de la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura. Adicionalmente, resulta imperativo sancionar conforme a derecho las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas policiales federales, estatales y municipales y por aquellos de sus jefes que las hubiesen consentido, alentado o promovido. Ambas medidas son indispensables si el gobierno federal aspira a deslindarse de la imagen que se ha forjado en sus primeros quince días como autoritario e irrespetuoso de las garantías individuales.

Los conflictos de fondo que padece Oaxaca no podrán ser resueltos de manera tan fácil: el político, que sigue siendo la permanencia de Ulises Ruiz Ortiz en el poder, y el social, que involucra temas más complejos como la marginación, el caciquismo y la insuficiencia de los recursos destinados a la educación.

La confrontación política no podrá ser superada en tanto el calderonismo siga, en lo que parece un pago de facturas electorales y poselectorales, respaldando al Ejecutivo estatal. En todo caso, el respaldo es evidente, agraviante y ominoso para los oaxaqueños adherentes a la APPO o simpatizantes de ella: las fuerzas federales no sólo no emprendieron una tarea seria de limpia y depuración de los cuerpos policiales locales sino que actuaron codo a codo con ellos en algunos de los momentos de más graves excesos represivos y luego les entregaron el control de la plaza principal de la capital oaxaqueña.

Por lo que hace al problema magisterial, que detonó la crisis, y al caldo de cultivo social que se expresa en ella, no deja de resultar paradójico que la actual administración haya sufrido su primera gran derrota política a consecuencia de su pretensión de afectar los presupuestos de la educación pública, habida cuenta que la raíz del conflicto oaxaqueño fue, precisamente, la negativa de las autoridades federales y locales a incrementar las percepciones de los maestros.

Sería deseable que en Los Pinos se realizara la lectura correcta del drama oaxaqueño y se entendiera que los empeños por recortar el gasto social pueden dar por resultado la multiplicación de incendios como el que no ha podido ser extinguido en Oaxaca, ni con los intentos de cooptación ni con la represión cruda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya podría acusar recibo, por su parte, de una moraleja evidente del caso oaxaqueño: es mucho menos costoso ­en términos puramente monetarios, pero también en un sentido político­ atender desde un principio las demandas sociales que ignorarlas, dejar que crezcan y reprimirlas. En efecto, no se habrían perdido varias vidas y se habría evitado todo este episodio vergonzoso, doloroso y carísimo del acontecer nacional si el foxismo y el todavía gobernador Ulises Ruiz hubiesen accedido en su momento a las peticiones razonables de los profesores oaxaqueños.

 
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