El nuevo gobierno entra en funciones en una situación delicada, reconoce
En el México actual es imposible un estado de derecho: arzobispo de Morelia
El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, advirtió que los problemas "más lacerantes" del país, como son la inseguridad, el desempleo y "la absurda distribución de la riqueza", entre otros, conducen a la "incapacidad de vivir en un estado de derecho".
Exhortó a realizar un "esfuerzo de corresponsabilidad, de humildad y apertura" para asegurar el desarrollo de la nación, más cuando, aseguró, el nuevo gobierno entra en funciones en "una situación delicada".
No obstante, cuestionó sin mencionar nombres a quienes optan por "la búsqueda del poder", argumentando alcanzar la verdad y recurren a "estrategias de lucha que caen en la imposición, el chantaje y la violencia".
Las "movilizaciones populares de masas amorfas, dejando a un lado toda vía institucional y legal, fácilmente encienden pasiones incontrolables que llegan a ser delictivas", aseveró el prelado.
En un mensaje titulado Por una nación en la verdad, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) citó, no obstante, que el problema de fondo "no es tanto la cuestión del fraude electoral sino una verdadera crisis democrática que se da no sólo en México sino también en otros países de América Latina".
Esta situación proviene, afirmó, de lo que el papa Benedicto XVI califica como "la dictadura del relativismo, o sea, un desprecio por la verdad".
Retomó la carta que hace poco más de seis años emitieron los obispos de México, denominada Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, para reiterar que "una creciente cultura de participación ciudadana" ayudaría a una "verdadera transición democrática".
Insistió, con base en ese documento, que "es necesario hacer un esfuerzo permanente de búsqueda de consensos y de reorientación de iniciativas basadas en principios que permitan mantener entre todos un rumbo fundamental, que tienda a lograr el bien común paso a paso y con toda efectividad".
Por tanto, resaltó la necesidad de hacer una revisión de todo el sistema político y una actualización de la Constitución mexicana, "a partir de principios de orden moral y jurídico indiscutibles, como la dignidad de las personas, sus derechos y obligaciones, y teniendo presente tanto la historia de la nación como los nuevos escenarios nacional e internacional".