Abogado de la arquidiócesis estatal e integrante de la organización Justicia y Paz
Denuncian amenazas de muerte contra el párroco oaxaqueño Wilfredo Mayrén
El centro Carrasco Briceño exige a Felipe Calderón garantizar la seguridad del religioso
El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño informó que teme por la vida del sacerdote Wilfredo Mayrén Peláez, párroco de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, y apoderado legal de la arquidiócesis de la entidad, ante una serie amenazas que se han registrado en las semanas anteriores, que ponen en riesgo su seguridad y su integridad física.
El organismo manifestó su temor de que las agresiones contra el religioso puedan materializarse, como sucedió con el padre Carlos Franco Pérez Méndez. El mes mes pasado la parroquia del prelado fue baleada mientras oficiaba misa.
"Nos alarma y preocupa que otros sacerdotes de la arquidiócesis de Oaxaca sufran atentados, como el ocurrido el 26 de noviembre en contra del padre Carlos Franco Pérez Méndez, párroco de la iglesia de los Siete Príncipes, quien apoyó la instalación de una brigada médica en su parroquia y hasta los primeros días de diciembre continuaba siendo acosado y hostilizado", destacó el organismo defensor de derechos humanos.
Ante las amenazas contra del religioso, el centro se comunicó con organizaciones humanitarias internacionales, nacionales y locales con la finalidad de exigir conjuntamente al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que garantice la seguridad, integridad física y sicológica y la vida del sacerdote intimidado, quien desde el pasado 19 de octubre informa el organismo "ha venido padeciendo una serie de acosos y ataques contra su persona por individuos no identificados y algunos medios informativos locales".
En un comunicado, la asociación exigió al gobierno federal que prevenga y desactive otros posibles atentados a sacerdotes católicos, además de castigar a los responsables de las difamaciones, calumnias, acoso, hostigamiento y amenazas en contra del religioso, conocido como Padre Uvi, quien funge como coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz.
Solicitaron también a los gobiernos federal y local que garanticen la libertad religiosa, pues forma parte de los derechos humanos de cualquier individuo.
Radio Ciudadana
Convocaron a organizaciones locales, nacionales e internacionales a exigir al gobierno de Calderón Hinojosa a que ubique el lugar desde el cual transmite la autodenominada Radio Ciudadana, responsable señalan de azuzar a la población en contra de Mayrén Peláez.
Las autoridades deben "ejercer acción penal en contra de quienes resulten responsables, porque ese medio viola flagrantemente la Ley Federal de Radio y Televisión e incita a la violencia y a la comisión de delitos", señala.
El Bartolomé Carrasco Briceño hace también un llamado al presidente Calderón para que solicite de inmediato una "investigación profesional", a fin de ubicar el equipo desde el cual se difunden los correos electrónicos en los que se difama al Padre Uvi y se descalifica las actividades que realiza.
En este contexto, pide también identificar a los responsables y ejercer la acción penal correspondiente por los delitos en los puedan incurrir con la difusión de estos mensajes.
El organismo conminó también a las organizaciones internacionales para que exijan al gobierno de Oaxaca poner alto "a su campaña de acoso, hostigamiento, descalificación, ataques y linchamiento de la Iglesia católica", ante el conflicto que se vive en el estado.
Este pronunciamiento se da en un contexto donde se hacen "llamados a la venganza para juzgar, condenar, hostilizar e incluso matar a cualquier persona" que haya participado en el movimiento que se integró en la entidad hace seis meses y se identifica como Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El centro regional destacó que el Padre UVI tiene una amplia y reconocida trayectoria como defensor de los derechos humanos desde 1992, avalada por comunidades, organizaciones y pueblos a los cuales ha brindado su servicio ministerial.
De igual forma, precisa, el religioso es fundador de este centro regional de derechos humanos y se desempeña como miembro del Observatorio Civil por los Derechos Humanos en Oaxaca.