Monopolio
Se ha planteado, desde diferentes ángulos, el hecho de que la existencia de monopolios da, o puede dar lugar, a precios muy altos. López Obrador hizo un planteamiento, detallando actividades monopolizadas, el 20 de noviembre en su discurso de toma de posesión. Se han publicado documentos sobre el tema, incluso de organismos internacionales. Al no haber otra opción para adquirir determinados bienes y servicios, quien los vende o quien los presta puede cobrar precios muy altos.
Sin embargo, desde antes se habló, desde la derecha, de acabar con los monopolios de Pemex y de las empresas eléctricas públicas, lo cual implicaría meterles competencia. Y esto, a su vez, implica meterles empresas privadas, pues si fueran públicas no podría haber competencia real. Es muy importante distinguir entre los dos casos. En ambos debe resolverse el problema de los precios altos. Pero los caminos son muy diferentes entre sí.
Vamos a empezar por el artículo 28 de la Constitución, donde se muestra el marco del que debemos partir: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes." Así que la prohibición de situaciones que tenemos en varias ramas es ya constitucional. Se requiere de una ley reglamentaria, de la que también habló López Obrador. El problema se da, como se dice en el mismo discurso, en ramas como cemento, Internet con banda ancha, teléfono, tarjetas de crédito y otros servicios bancarios, y televisión por cable.
También se mencionan gasolina y otros combustibles, y electricidad. Pero estos y otros casos, de bienes y servicios del sector público, tienen un tratamiento aparte en el artículo 28: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (...) petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; (...) electricidad."
Desde hace años, los tecnócratas, pasando por encima de estos postulados del artículo 28, aceptaron planteamientos del extranjero en el sentido de que las mencionadas empresas públicas eran monopolios, y que los precios debían fijarse en términos de los existentes en los mercados más cercanos, que para la mayor parte del país serían los del sur de Texas. En los últimos años, esos precios son, para el gas natural, de los más caros del mundo. Se les llama precios internacionales, pero eso es falso. Muchos otros precios del exterior son muy inferiores.
Los precios de monopolio que se derivan de grandes empresas privadas se pueden, en efecto, combatir con una mayor competencia. Pero también se pueden establecer precios controlados o precios tope. De hecho, eso se ha llevado a cabo incluso en Estados Unidos, durante décadas, con los monopolios privados regionales que prestan o prestaban el servicio público de energía eléctrica. Pero lo más polémico es cómo reducir los precios de las empresas públicas, que según el artículo 28 de la Constitución no son monopolios.
En primer lugar, la diferencia entre el costo de extracción del petróleo crudo mexicano y su precio de exportación es enorme: de un costo de cinco a siete dólares por barril a un precio de venta de unos 50 dólares. Deben suprimirse los precios basados en los de sitios de Estados Unidos, y se debe establecer una nueva escala de precios que, primero, garantice la rentabilidad de todas y cada una de las empresas públicas que son necesarias; y segundo, que tenga precios de venta al público que permita el funcionamiento de las empresas productivas necesarias (miles de ellas han quebrado por la energía cara), y sea accesible al público consumidor.
De por sí la mencionada diferencia de precios representa una enorme utilidad para el país. Pero además se pueden reducir los costos de la energía. Algunas de las posibles medidas para lograrlo son las siguientes:
Nuevas refinerías, que van a permitir reducir e incluso eliminar las importaciones de gasolina. También permitirán una importante reducción de las importaciones de gas natural, y aun su eliminación, produciendo combustibles que lo sustituyan parcialmente en la generación de electricidad, de modo que la producción nacional sea suficiente.
Uso creciente de plantas que usen fuentes de energía renovables, como geotermia, hidroelectricidad con tecnologías que no causen grandes inundaciones, y energía del viento. En estos casos no se usa combustible en general, y contribuyen a la eliminación de las mencionadas importaciones.
Estas y otras formas harán rentable la inversión y la operación de las industrias energéticas, con precios accesibles... y sin violar la Constitución, como sería el caso de las privatizaciones, que sólo han traído problemas a varios países, de los cuales algunos ya emprendieron el camino opuesto.