"Comprobadas", violaciones sexuales y desaparición de decenas de habitantes

Terrorismo de Estado en Oaxaca, denuncian ONG; exigen a Calderón solución pacífica

Cuestionan indefensión de ciudadanos ante parcialidad de autoridades y falta de interlocutores

EMIR OLIVARES ALONSO

En Oaxaca se vive un verdadero "terrorismo de Estado", sobre todo con la incursión de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la ciudad, pues desde que se estableció en la entidad se agudizó la violencia y aumentaron las transgresiones sistemáticas a los derechos humanos, aseguraron diversas organizaciones sociales de la entidad.

Por otro lado, el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Juan Carlos Capurro, visitará México con objeto de entrevistarse con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con familiares de los detenidos tras el conflicto, con el objetivo de dar seguimiento al caso y presentarlo en la próxima reunión de la FIDH, el 7 de diciembre en París, Francia.

Las organizaciones sociales de Oaxaca exigieron al gobierno de Felipe Calderón propiciar las condiciones de distensión "que nos encaminen al diálogo como único camino de solución". Denunciaron que la PFP se alió con policías municipales, estatales y grupos paramilitares "para reprimir y agredir" a la población, además de que han vulnerado los acuerdos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.

Denunciaron que varias investigaciones corroboran que las fuerzas públicas han agredido sexualmente a mujeres y hombres; han intimidado, perseguido y desaparecido a decenas de personas; capturan de manera arbitraria e incomunican a los presos; hostigan y amenazan tanto a manifestantes como a defensores de derechos humanos y colocan retenes ilegales, entre otras violaciones.

"Estas acciones policiacas se han dado fuera del marco de la ley y han ido en escalada, creando un clima de miedo e inseguridad en la población oaxaqueña. La parcialidad con que ha actuado el gobierno federal y la falta de instituciones que trabajen de forma imparcial y apegada al marco jurídico vigente han dejado en estado de indefensión a la población agredida, por la carencia de un interlocutor confiable para denunciar la constante violación de las garantías individuales", advierten.

En tanto, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) presentó el caso Oaxaca durante el Seminario Internacional para América Latina, realizado el viernes pasado en Guatemala. Ahí, varias organizaciones de la región se pronunciaron porque se investigue la responsabilidad del mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la "grave crisis de gobernabilidad y las violaciones a los derechos humanos" en el estado. Asimismo, instaron a la ONU y a la Organización de Estados Americanos a "realizar el máximo de sus esfuerzos ante el Estado mexicano para evitar el deterioro mayor de la situación", y exhortaron a dichos organismos a enviar comitivas a la entidad, "de manera urgente", para que constaten la situación.

Asimismo, se sumaron a las demandas de la APPO y enviaron sendos documentos con la exigencia a las autoridades mexicanas ­incluido el Poder Legislativo­; al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Canton, y a la alta comisionada de la ONU para esas garantías, Louise Arbour.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Oaxaqueña por los Derechos Humanos hicieron un llamado urgente a Calderón para que su gobierno respete y garantice los derechos humanos de la población oaxaqueña y de los integrantes de la APPO. Advirtieron que mientras "en medio de turbulencias" el panista tomó posesión como Presidente del país, "Oaxaca sigue convulsionado por las violaciones sistemáticas que sufre su población".

Asimismo, revelaron que el viernes se cumplió el término constitucional para resolver la situación jurídica de los detenidos, sin que aún se haga pública, por lo que "es sospechoso que a todos se les haya dictado auto de formal prisión, sin una investigación seria, consistente e imparcial".

Denunciaron que el jueves, elementos de la policía ministerial del estado incursionaron "de manera violenta" en la escuela primaria de San Isidro Zautla, en el municipio de Soledad Etla, con el objetivo de aprehender a varios profesores, acción que también se ha realizado en otras escuelas públicas, lo que "genera un ambiente de miedo entre el alumnado y el personal".