Por 6 años esos recursos fueron a gasto corriente y no a educación e infraestructura, dice

El ingreso petrolero no se usó en mejorar el crecimiento: Ortiz

Con $180 mil millones anuales extra, hubo un margen adicional de 2 puntos porcentuales del PIB

Pérez Motta acusó a Carlos Slim de entorpecer la ley antimonopolio por defender sus intereses

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

A cuatro días de concluir el actual gobierno, Guillermo Ortiz Martínez cuestionó que en los últimos seis años el ingreso extraordinario que obtuvo el país por la exportación de crudo, alrededor de 180 mil millones de pesos al año en promedio, se haya destinado a financiar el gasto de la administración y no a mejorar la competitividad nacional.

''No hubo gasto en infraestructura o educación'' con esos ingresos, añadió Ortiz, al asegurar que en el debate sobre las barreras al crecimiento de la economía, donde hasta ahora sólo se ha incluido a empresas y sindicatos, se debe analizar también la efectividad del gasto público.

En un foro organizado por el Banco Mundial, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el organismo antimonopolio del Estado, acusó al principal empresario de América Latina, el mexicano Carlos Slim ­propietario de Teléfonos de México­ de tratar de entorpecer legislación que promueve la competencia en el país ''para defender sus intereses''.

Las intervenciones tuvieron lugar en la primera de dos jornadas de la conferencia internacional Equidad y competencia para un alto crecimiento en México, organizada por el Banco Mundial y el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Harvard.

Guillermo Ortiz incluyó la gestión del gasto público en los últimos seis años como uno de los factores que acentuaron la falta de competitividad. ''La efectividad del gasto público no se ha discutido, pero en México ha habido en los últimos seis años un margen adicional de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (un punto equivale a 90 mil millones de pesos) cada año por ingresos extraordinarios de petróleo y menor pago de intereses de la deuda''.

Expuso que esos recursos se destinaron a financiar el gasto corriente ­es decir, sueldos, salarios y operaciones­ del gobierno, y no ''se fueron a infraestructura y educación''.

El gobernador Ortiz aseguró que las crisis económicas de los últimos 20 años no son la única razón del rezago de México frente a otras naciones que hace medio siglo tenían un desarrollo similar o incluso más bajo. El problema adicional, dijo, es que el país no ha logrado romper las barreras a la competencia, entre las que ubicó la existencia de monopolios públicos y privados.

''Los monopolios capturan la renta en espacios públicos y privados, pero la opinión pública ya se está dando cuenta de ello y por eso hay un reclamo generalizado para acotar a estos monopolios'', añadió. Aunque no lo hizo en esta ocasión, Guillermo Ortiz se ha referido en otras oportunidades durante al efecto negativo en la economía del monopolio en telecomunicaciones y en el sector energético.

En este foro, aunque no se cruzaron, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, fue interrogado sobre la declaración del gobernador del banco central y el gasto de los excedentes petroleros.

''Los excedentes petroleros tienen una regla de distribución clara en la ley. Esa ley dice que los excedentes petroleros se pueden utilizar en primer lugar para financiar gasto no programable, por ejemplo, las participaciones mismas (a los estados) que por mayores ingresos son más altas''.

Agregó que una vez que se atienden las necesidades de gasto no programable (donde se incluyen intereses de deuda o mayores gastos a los previstos por la importación de gasolina), ''la misma ley dice que los excedentes se tienen que distribuir de acuerdo con una fórmula que los envía al fondo de estabilización petrolera, al fondo de inversión en infraestructura en los estados, y al pago de deuda. Y no permite hacer más. Los excedentes tienen un destino perfectamente especificado en la propia ley''.

Gil Díaz anticipó que en un año en que los ingresos extraordinarios del petróleo rebasan los 230 mil millones de pesos, el gobierno cerrará el ejercicio 2006 con un ligero superávit fiscal de 23 mil millones de pesos, menos de medio punto del PIB.

El territorio Telcel

En el encuentro fue presentado el documento La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México, elaborado por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la participación del experto de la Universidad de Harvard, Michael Walton. El estudio, reseñado ayer por La Jornada, plantea que un grupo de 20 empresarios han construido fuerzas dominantes en la economía capaces de frenar el crecimiento. ''En la actualidad, los grupos poderosos se benefician del status-quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta'', dice.

Ejemplos prácticos fueron presentados en la conferencia por Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia. Al participar en la sesión vespertina, reveló al público asistente que en la discusión, hace unos meses, de la Ley Federal de Competencia ­que trata de acotar el poder de los monopolios­ el principal empresario del país y de América Latina trató de impedir que se legislara en la materia con el fin de defender sus privilegios.

''La presión de la opinión pública ha sido de enorme importancia para exponer públicamente a las empresas que buscan proteger sus intereses'', avanzó Pérez Motta, para añadir: ''En la discusión de la Ley de Competencia, el debate no se centró, como debió ser, en principios económicos, fue una discusión de intereses. Carlos Slim quería defender sus intereses y la Comisión Federal de Competencia lo que buscaba era defender los intereses públicos''.

Carlos Slim es el principal accionista de Teléfonos de México, de la compañía de telefonía celular Telcel, el mayor proveedor de ese servicio en el país, y de bancos y grupos industriales.

Al hablar sobre la resistencia de los grupos de interés a la competencia, que deriva en mayores costos para los consumidores, Pérez Motta calificó a la ''erosión de la posición competitiva del país'' como parte de ''una crisis que es muy grave''.

''No es como cuando ocurre una crisis macroeconómica, que despierta conciencia de lo que hay que hacer. Aquí, en la crisis de competencia se nos está cayendo el país poco a poco, porque perdemos capacidad de atraer capital y crear empleos''.