Usted está aquí: domingo 26 de noviembre de 2006 Capital La PGR defiende a Carlos Ahumada: Bátiz

Propició su exoneración por lavado de dinero, señala

La PGR defiende a Carlos Ahumada: Bátiz

Es la segunda ocasión que protege al empresario argentino, sostiene

Recuerda que Fernández de Cevallos declaró que ayudaría al procesado

AGUSTIN SALGADO, ANGEL BOLAÑOS

En el caso de Carlos Ahumada Kurtz la procuraduría capitalina no únicamente tiene que litigar ante los abogados del indiciado, sino también frente a la Procuraduría General de la República (PGR), que es utilizada para defender al empresario argentino, afirmó Bernardo Bátiz Vázquez.

Al revelar que un acto de omisión de la PGR derivó en la exoneración de Ahumada en el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) recordó que no es la primera ocasión que las autoridades federales evitan presentar un recurso de revisión de los amparos otorgados al dueño de Grupo Quart. Refirió que a mediados del año pasado, otra omisión de la PGR provocó que se viniera abajo la causa penal 194/2004, que se inició en contra de Ahumada por fraude genérico por más de dos millones de pesos, en agravio de la delegación Tláhuac.

"Yo veo que ha habido protección (de la PGR a Ahumada Kurtz) desde el principio. ¿Qué buscan?, ¿por qué lo hacen?, ¿cuál es su motivación? No lo sé, habría que preguntarles a ellos. Pero es evidente que ha habido esa protección", señaló Bernardo Bátiz luego de presidir la ceremonia de clausura de un diplomado en la investigación de delitos sexuales, la cual se realizó en la ex capilla de Corpus Christi.

De acuerdo con el titular de la PGJDF, la procuraduría federal tenía hasta el 21 de noviembre para presentar el recurso de revisión, y a pesar de que la PGJDF le entregó por escrito todos los alegatos y los términos en que tendría que haberse cuestionado el amparo otorgado, la PGR no lo hizo. "Todos los procuradores del país habíamos quedado que en estos casos bastaría que le solicitáramos a la PGR por escrito que interpusiera los recursos de revisión. Nosotros elaboramos la argumentación oportunamente, y sin embargo la PGR no presentó el recurso.

"Es la segunda vez que la Procuraduría General de la República nos hace esto. Voy a solicitar una explicación de por qué no se presentó el recurso, como lo hice la vez pasada, y por cierto no obtuve respuesta, pero voy a volver a hacer una protesta enérgica por lo que sucedió", adelantó.

Como en la ocasión anterior, Bernardo Bátiz recordó la declaración que hizo el panista Diego Fernández de Cevallos, en el sentido de que haría todo lo posible para defender a Ahumada.

"No hay que olvidar que cuando se inició el proceso de los videoescándalos hubo una posición muy determinante de Fernández de Cevallos, que en ese entonces era senador de la República. Dijo que defendería a Ahumada, y por lo visto no ha encontrado una mejor forma de hacerlo que por medio de la PGR".

El 18 de agosto de este año se hicieron públicas las declaraciones que Ahumada Kurtz realizó en la Habana, Cuba, donde reconoció que los videos donde filmó a diversos militantes del Partido de la Revolución Democrática se los entregó directamente a Diego Fernández de Cevallos, a cambio "de protección" y una serie de compromisos, como el pago de 30 millones de dólares, la compra de un terreno en León, Guanajuato, y seguridad para su familia.

Reiterada protección

Otra ocasión en que quedó claro que las autoridades federales protegen al procesado, a decir del procurador local, fue cuando Ahumada Kurtz llegó de Cuba. "Ese día tuve que presentarme varias horas antes en el hangar de la PGR. Estaba con el fiscal de Mandamientos Judiciales y el subprocurador Renato Sales. Tuvimos que hacer uso de toda la fuerza de nuestros razonamientos para exigir que nos lo entregaran (...), parecía que no querían hacerlo, pero finalmente lo tuvieron que hacer, en buena medida por la presión de los medios de comunicación".

Ahumada Kurtz aún enfrenta dos causas penales que ameritan la privación de su libertad; la primera, por fraude genérico por más de 32 millones de pesos en agravio de la delegación Gustavo A. Madero, y la segunda por un fraude de seis millones 968 mil pesos en detrimento del erario de Tláhuac. También es acusado de promoción de conductas ilícitas, aunque en este delito alcanza fianza.

Además, se prevé que en las próximas semanas la PGJDF consignará al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal un nuevo expediente, esta vez por otro fraude contra la delegación Alvaro Obregón.

 
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