Usted está aquí: jueves 23 de noviembre de 2006 Política Acuerdan senadores de PRI y FAP exigir la renuncia de Ugalde

Berrinche de Acción Nacional impide que el punto se apruebe en comisiones

Acuerdan senadores de PRI y FAP exigir la renuncia de Ugalde

El presidente y los consejeros del IFE actuaron de forma parcial y errática, sostienen

ANDREA BECERRIL

Hay acuerdo entre senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para demandar la renuncia del presidente y todos los consejeros propietarios y suplentes del Instituto Federal Electoral (IFE), por su actuación parcial y errática en las elecciones del 2 de julio. Hay ya un proyecto de dictamen al respecto, pero no pudo ayer aprobarse porque los panistas abandonaron la sesión de comisiones unidas.

El senador del Partido de la Revolucionan Democrática (PRD), Ricardo Monreal, autor de la propuesta, comentó que confía en que de todas formas se aprobará, a pesar del "berrinche" de ayer de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) que integran las comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia, dado que hay consenso entre las demás fuerzas políticas.

En el proyecto de dictamen los legisladores coinciden con los señalamientos de Monreal, de que el titular del IFE, Luis Carlos Ugalde, y los demás consejeros no actuaron con transparencia ni imparcialidad en los comicios presidenciales y son responsables de la crisis actual que vive el país.

El IFE, advirtió Monreal, no cumplió con su función de vigilar que los comicios se rigieran por los principios de certeza legal, independencia, imparcialidad y objetividad, ya que permitió promocionales y toda una campaña sucia en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

Contempla la intervención directa del presidente Fox, lo que inclusive fue considerado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como "un riesgo para la validez de los comicios".

Asimismo, apunta lo sucedido con la intervención de terceros, entre ellas la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial, que el IFE permitió y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entendió indebida.

Monreal argumentó también que el 11 de julio pasado el IFE giró un oficio por el que autorizó a los consejos distritales la apertura de paquetes electorales, presuntamente ordenada por el TEPJF, pero que éste desmintió luego.

También resaltó la parcialidad con que actuó Ugalde al haber anunciado como ganador a Felipe Calderón ­cuando hizo la declaratoria del cómputo­ pese a que no es su función, sino del TEPJF.

Igualmente, el perredista argumenta que el IFE toleró la intervención de extranjeros en el proceso electoral, como fue caso de José María Aznar, el "uso descarado y excesivo de programas sociales, como el Procampo, Progresa, Adultos Mayores y el Seguro Popular", en favor de uno de los candidatos. Lo anterior pese a denuncias documentadas en tiempo y forma, entre ellas que la propia titular de la Secretaría de Desarrollo Social, María Teresa Aranda, declaró que al menos 10 por ciento de los 44 millones de beneficiarios eran susceptibles de ser manipulados electoralmente".

El perredista aludió también al uso indebido del padrón electoral y de datos confidenciales contenidos en las listas nominales, las cuales fueron entregadas para su revisión al PAN a fin de allegarle simpatizantes a su candidato y formar redes de apoyo.

Las comisiones unidas "coinciden con la exposición de motivos, de que en el pasado proceso electoral del 2 de julio existieron irregularidades de diversa gravedad y trascendencia, diseminadas oportunamente por las instancias competentes y que fueron exhibidas por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

Las irregularidades del Consejo general del IFE fueron tales que "el propio TEPJF calificó su actuación como parcial, en violación directa de la Constitución.

Por ello, las comisiones unidas consideran que es oportuno exhortar a Ugalde y los demás consejeros propietarios y suplentes del Instituto Federal Electoral a renunciar, con la finalidad de que pueda nombrarse un nuevo consejo que ofrezca a la ciudadanía "un marco seguro de imparcialidad e independencia, absolutamente necesario para restituir la confianza en las instituciones de la República".

Monreal consideró que el dictamen podrá discutirse la próxima semana.

 
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