Usted está aquí: sábado 18 de noviembre de 2006 Capital Exigen agilizar investigación, defraudados por inmobiliarias

Hay más de mil afectados, señalan durante protesta

Exigen agilizar investigación, defraudados por inmobiliarias

AGUSTIN SALGADO

Alrededor de 20 personas se manifestaron ayer por la mañana ante el edificio central de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ya que aseguran que las investigaciones que han realizado las autoridades ministeriales en torno a un fraude "que supera los 800 millones de pesos" en agravio de "más de mil acreedores" no han dado ningún resultado, luego de tres años.

De acuerdo con la averiguación previa BJ-1T1/1802/04-07, las compañías Suites Real del Carmen SA de CV, Constructora Arquitectónica SA y Turística del Carmen SA de CV prometían un rendimiento anual de ciento por ciento a quien invirtiera más de 100 mil pesos en proyectos inmobiliarios; sin embargo, al cumplirse las fechas establecidas los pagos nunca se realizaron.

En octubre de 2004 la procuraduría capitalina consignó a tres de los presuntos responsables; sin embargo uno de ellos quedó en libertad por falta de elementos. A decir de los inconformes, los verdaderos responsables del ilícito, quienes "se quedaron con más de 800 millones de pesos" aún no han sido localizados.

Dijeron tener como representante al despacho de abogados Amezcua y Caballero ­el mismo que defiende a los defraudados por PubliXIII­, y que los responsables del megafraude son los hermanos Héctor, Ulises y Mario Fuentes Arreola, quienes en ocasiones también utilizan los apellidos Quiroz Ocelli; desde hace tres años tienen orden de aprehensión, que no se ha realizado.

"Es igual que el caso de PubliXIII, donde sólo se capturó a empleados que sirvieron de chivos expiatorios, pero siguen en libertad los verdaderos orquestadores de los fraudes", se establece en un documento repartido durante la protesta.

En este caso también se tienen decomisados varios inmuebles de las compañías acusadas, y a principios de este mes se abrió el juicio concursal para venderlos y repartir el dinero entre quienes demuestren ser acreedores. Sin embargo, se prevé que el capital que puedan recuperar los defraudados será "mucho menor" al invertido.

 
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