Entregarles datos perjudicaría indagatoria, responde
El proceso contra Carmen Segura aún no concluye: SFP a legisladores
La Secretaría de la Función Pública informó oficialmente a la Asamblea Legislativa que no le proporcionará datos relacionados con la investigación que realiza sobre la diputada local del PAN, Carmen Segura Rangel, quien como titular del Sistema Nacional de Protección Civil, se vio implicada en el manejo irregular de recursos públicos, por lo que fue inhabilitada y sancionada económicamente.
Mediante el oficio SATN/300/324/2006, el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, Roberto Anaya Moreno, manifiesta a la Asamblea Legislativa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental tiene clasificados como reservados los datos contenidos en el expediente 27/2005, el cual todavía está en proceso para definir las responsabilidades contra Segura Rangel.
Con base en el comunicado oficial, puntualiza a la ALDF que bajo ese entendido "No es posible otorgar copias certificadas de las constancias que nos ocupan, ya que de hacerlo se podría causar un serio perjuicio a las estrategias procesales de esta secretaría en los medios de impugnación" de los señalados.
A principios de octubre, la ALDF aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la SFP y a la Procuraduría General de la República toda la información relacionada con el proceso legal y administrativo iniciado en contra de Segura Rangel. En los últimos días de ese mes, la PGR respondió a los diputados locales que no estaba en condiciones de proporcionar esos datos, postura que ahora argumenta el órgano de vigilancia y control federal.
En su texto, el subsecretario Anaya Moreno anexó una copia certificada de la versión pública del expediente 27/2005, que es la cédula para inscripción de servidores públicos sancionados, así como el comunicado de prensa 066/2005, ambos fechados el 25 de noviembre de 2005.
Sobre este asunto, el secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Agustín Guerrero, indicó que su fracción (PRD) sólo estaba esperando estas dos respuestas oficiales para determinar si solicita un juicio político contra la legisladora del PAN, pues debe dejar el cargo para enfrentar las acusaciones en su contra, como hizo en su momento René Bejarano Martínez.