Presenta en un libro 65 propuestas en materia penal
Las estructuras del sistema de justicia están agotadas: Laveaga
Juzgadores nacionales e internacionales, funcionarios de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, abogados y destacados juristas mexicanos que coinciden con el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, en que urge agilizar los procedimientos judiciales, abatir el rezago de expedientes en los juicios penales y que las estructuras del sistema de justicia mexicano están agotadas y no responden a las exigencias actuales de la sociedad, se unieron a la iniciativa del académico de crear un catálogo de propuestas encaminadas a dar salida a este problema, que en su mayoría afecta a las personas de menores recursos económicos.
Mediante el libro titulado 65 propuestas para modernizar el sistema penal en México, Laveaga logró reunir diversos puntos de vista de especialistas en la materia, quienes a través de su experiencia comparten lo que a su criterio requiere el país para mejorar los mecanismos de procuración e impartición de justicia. La mayoría se pronuncia en favor de realizar reformas para garantizar el acceso a la justicia y así construir un estado democrático de derecho.
Para el director del Inacipe, quienes justifican la permanencia del actual sistema de justicia o impiden las reformas legislativas en la materia son aquellos grupos que todavía se benefician con el mismo.
El funcionario y coordinador de la publicación criticó a aquellos que afirman que las leyes que rigen el sistema de justicia en México son las adecuadas, pues no se han dado cuenta de que "nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones están rebasadas".
Al presentar el libro de 447 páginas, Laveaga puntualizó que el objetivo del texto, editado por el Inacipe, es poner de manifiesto los problemas que enfrenta la justicia penal mexicana.
Algunas propuestas
Ricardo Ojeda Bohórquez, magistrado federal, plantea: reformular la ingeniería procesal penal en México, con el propósito de contar con un nuevo procedimiento penal que privilegie la libertad, el principio de presunción de inocencia, la celeridad en los juicios y que acabe con la impunidad.
Fabián Aguinaco Bravo, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados: hay que independizar auténticamente al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Jerónimo Díaz Rebolledo y Arturo Priego Ojeda, principales asesores del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca: que se transforme al Ministerio Público en un organismo constitucional autónomo. Convertir a las procuradurías en instituciones con autonomía presupuestaria y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: hacer reformas a corto plazo que unifiquen la legislación penal a escala nacional.
Constancio Carrasco Daza, magistrado electoral del TEPJF: transmitir por televisión las sesiones del Consejo de la Judicatura y de los tribunales colegiados, al igual que ya se hace con las de la SCJN.
María de los Angeles Fromow, fiscal para delitos electorales: crear nuevos tipos penales en materia electoral y perfeccionar los vigentes.
Juan Velásquez, abogado postulante: repensar la figura de la defensa dentro del proceso penal, para que a todo individuo se le garantice enfrentar juicios equilibrados en los que se respeten sus derechos constitucionales.
Renato Sales Heredia, subprocurador capitalino: establecer una escuela nacional de procuración de justicia, tanto a escala local como federal, con el propósito de que se genere un plan nacional de estudios para la selección del personal que pretenda ingresar a una procuraduría.
Juventino V. Castro, ministro jubilado de la Corte: crear una policía criminológica y criminalística, para que se elimine el hueco que no llenan las policías preventiva y judicial o ministerial.
Genaro García Luna, director general de la Agencia Federal de Investigación: convertir las mil 661 corporaciones policiacas en una sola policía científica.
Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: incluir la política sobre seguridad pública y justicia penal, como parte del Plan Nacional de Desarrollo.