La acusación, delito de desacato de una sentencia laboral resuelta por el TFCA
Recibe PGR petición para proceder a la ''inmediata'' destitución de Gil Díaz
Se ha negado de manera ''tajante y autoritaria'' a cumplir con una orden de reinstalación
Ante el incumplimiento reiterado de una sentencia laboral, la Procuraduría General de la República (PGR) dio entrada a una petición para proceder ''inmediatamente'' a la destitución del secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
En el contexto del proceso iniciado por Lilia Cortés García, a quien el funcionario se ha negado a reinstalar en su puesto como ordenaron tribunales federales en la materia, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, recibió el pasado 3 de noviembre un escrito formal en el que se acusa a Gil Díaz de haber incurrido en el delito de desacato.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario hacendario se ha negado a cumplir ''de manera dolosa, tajante, autoritaria y categóricamente'' con sendas resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), las cuales obligan a Gil Díaz a reinstalar en su cargo a la quejosa como directora general de Programación y Presupuesto "A" en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda y Crédito Público.
La resolución fue confirmada recientemente por el juzgado tercero de distrito (expediente 1264/2006), al negarle a la Secretaría de Hacienda un amparo en contra de la decisión del TFCA, que ordenó que la demandante fuera reintegrada en el puesto del que fue despedida en noviembre de 2002.
En la petición presentada ante la PGR, Lilia Cortés le solicita al procurador que en su calidad de garante del estado de derecho le informe al presidente Vicente Fox y al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, sobre la responsabilidad en que incurrió Gil Díaz, para que ordenen su reinstalación, pero que además se proceda penalmente contra el funcionario hacendario, ''ya que de no hacerlo se estaría violentando el sistema de impartición de justicia y de transparencia en la administración pública''.
El despido de la demandante puso también en evidencia supuestos actos de corrupción que involucran al secretario de la Función Pública, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, y a tres magistrados del Poder Judicial Federal.
Supuestamente, los magistrados habrían aceptado el soborno enviado por la oficial mayor de la PGR, ya que aprobaron inicialmente el recurso de amparo interpuesto por la Secretaría de Hacienda y pidieron a los integrantes de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que declararan insubsistente el primer laudo que le daba la razón a Cortés García, y ordenaron emitir una nueva sentencia, aunque precisando que su resolución debía ser en sentido contrario al primer dictamen.
Sin embargo, los integrantes de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aunque declararon insubsistente el laudo dictado en octubre del 2005, sostuvieron sus criterios y, por unanimidad, el pasado 30 de mayo condenaron a Hacienda a reinstalar a Lidia Cortés, decisión que confirmó un juzgado federal.