Defensores de derechos humanos condenan declaraciones de Caña Cadeza
De "espeluznantes" fueron calificadas por defensores de derechos humanos las declaraciones de la procuradora de justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, en torno al conflicto que se vive en la entidad y a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
La funcionaria estatal consideró en entrevista con este diario que la APPO es un "grupo violento" que comete delitos como "terrorismo", además de que durante las detenciones de los integrantes de ese movimiento no se habían vulnerado las garantías fundamentales de los individuos.
Ante estas afirmaciones, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), consideró que las palabras de Caña "son un insulto para quienes defendemos estas garantías y lo único que ponen de manifiesto es su desprecio por la vida e integridad física de las personas que están siendo detenidas".
El activista aseveró que es "verdaderamente espeluznante" la distancia entre el discurso de la procuradora estatal y la realidad que vive Oaxaca. "Con estas declaraciones ratifica la política de endurecimiento y nos augura que puede haber una situación de mayor temor para los integrantes de la APPO y los defensores de derechos humanos", indicó.
Ramírez dijo que los señalamientos de la funcionaria estatal "apuntan" a que las investigaciones, reportes y declaraciones de los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) son mentiras; a lo que refutó: "y a las pruebas nos remitimos. Contamos con expedientes e información para demostrarlo".
Por su parte, la presidenta del Comité Eureka, la senadora Rosario Ibarra, consideró que con ese tipo de declaraciones no se ayudará a encontrar una pronta solución al conflicto que se vive en ese estado desde hace más de 170 días.
"El pueblo de Oaxaca es un pueblo maltratado. Desde 1960 padece malos gobiernos, sólo se salva Heladio Ramírez, pero en los demás ha habido crímenes, asesinatos, matanzas brutales, sobre todo contra la población indígena. En toda su estancia en el Distrito Federal, la APPO ha mostrado que no son violentos, pues a pesar de sus plantones no han agredido a nadie; los violentos están en los gobiernos estatal y federal", aseveró la senadora.
En tanto, Luis Arturo Macías, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refirió que con sus dichos "se ve que la procuradora es parcial en el conflicto que hay en Oaxaca, y esto no es lo más idóneo para una institución que busca investigar los delitos".
El activista dijo que al hablar de los posibles ilícitos la funcionaria sólo se refirió a las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que existen contra los integrantes de la APPO y del magisterio, "pero no hace referencia a las investigaciones que por oficio tiene que hacer, como la de los homicidios, ¿qué tanto está investigando en esta parte? Falta a la imparcialidad en sus investigaciones y en su actuar".
Macías también refutó la afirmación de que son "infundadas" las declaraciones de que se han vulnerado los derechos humanos, y consideró que la procuradora desea "minimizarlas y desvanecerlas. Falta a la verdad, las detenciones no han sido conforme a derecho, las ONG hemos documentado violaciones a la libertad personal y al debido proceso en la mayoría de las aprehensiones".
Asimismo, dijo que es preocupante que minimice la presencia de grupos paramilitares relacionados con el PRI estatal, "pues abre la puerta a la impunidad".
Tanto Macías como Ramírez coincidieron en que las acusaciones de "terrorismo" que hizo Lizbeth Caña contra la APPO demuestran "su falta de capacidad profesional", además de que a ella no le corresponde acreditar dichos delitos, al ser del orden federal.
El presidente de la Limeddh señaló que si la APPO ha incurrido en ilícitos, éstos tienen que ver más con asuntos del orden político que con un delito federal. "El terrorismo tiene que ver con una modalidad de delincuencia organizada cuyo fin es el daño, mientras que la APPO se organizó con la finalidad de demandar derechos y prerrogativas que el estado debería otorgarle".