Jornada en favor de la vida
Suele plantearse que el salario es una simple variable de la economía, y en particular que el salario mínimo es un instrumento de control para lograr metas macroeconómicas, aunque de ello dependa la calidad de vida de la mayoría de la población. Existen diversos instrumentos normativos referidos al minisalario, lo que no es excusa para mantenerlo arbitrariamente deprimido, por lo que la política salarial debe ser motivo de debate público y no decisión de un pequeño equipo del sector hacendario.
Nuestro gobierno muestra su verdadero rostro cuando opta por sacrificar los salarios de millones de trabajadores, manteniéndolos a la baja en términos reales, basta observar la curva salarial de las pasadas tres décadas, que confirmar este declive implicando un despojo de carácter social. En la determinación de esta política sería fundamental la intervención del Congreso de la Unión, por ser elemento esencial de la política económica y presupuestal. Próximamente se repetirá el ciclo mediante el cual se nos informará de un ridículo incremento al salario mínimo como amargo regalo en la antesala de las fiestas decembrinas. Poco importa que se siga incrementando el desaliento y el encono populares. Nuestros gobernantes, como muchos empresarios, parten de la idea que en Navidad la lucha de clases esta de vacaciones.
No es necesario repetir los datos duros y contundentes que la estadística aporta para confirmar el deplorable estado de los salarios, podemos resumirlos en cuatro: 80 por ciento de nuestra población gana menos de cinco salarios mínimos; quienes perciben el minisalario de 48 pesos 67 centavos están por debajo de la línea de pobreza; el salario promedio nacional se ubica entre dos y tres salarios mínimos; la realidad es que buena parte de los trabajadores está ante la permanente disyuntiva de huir hacia el país del norte o transitar hacia la informalidad, en un intento desesperado por cubrir sus necesidades elementales.
La política de restricción salarial vigente contrasta con la de otros países, los cuales diseñan estrategias para recuperar el poder adquisitivo del salario, no sólo como un instrumento de justicia, sino como medio de fortalecimiento del mercado interno por medio del consumo, lo cual permita utilizar adecuadamente la capacidad instalada de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, disminuyendo sus costos fijos, creando más empleos, y generando así un círculo virtuoso. En México se mantiene el discurso simplista de que cualquier mejora salarial es inflacionaria y riesgosa para los planes económicos. Poco importa que el sector informal crezca continua y aceleradamente, provocando efectos desastrosos en el tejido social.
El discurso de contención salarial, en la práctica, es por demás hipócrita y contradictorio con otras políticas públicas. Basta observar al sector gubernamental, donde se ha puesto en la calle a un sinnúmero de trabajadores de base invitándolos a su jubilación; por otro lado, se denuncia que el sistema jubilatorio está quebrado. Los supuestos ahorros generados se utilizan para pagar elevadísimos salarios, prestaciones y bonos a funcionarios altos y medios, inclusive a escala superior a los percibidos por sus similares en los países más desarrollados del mundo.
Prestigiados académicos como Alberto Arroyo, Rosalbina Garavito, Ignacio Román, Enrique Valencia y Leopoldo Solís han expuesto y demostrado, en diversos estudios, la viabilidad de una política salarial diferente como parte esencial de una estrategia global orientada al crecimiento sustentable y al fortalecimiento del mercado interno, palanca para el desarrollo y la superación de la pobreza.
Contrario a lo que opinan los jefes de la política hacendaria, los salarios mínimos son más que un simple referente económico, además de los varios millones de mexicanos que mal viven con él, su fijación repercute en los salarios contractuales y en muchas otras prestaciones sociales; su mejora no es un factor inflacionario si se acompaña de medidas en los campos fiscal o productivo. Si existiera un genuino interés por el bienestar de la población de parte del gobierno, se promoverían acuerdos por rama de industria o región, como éxitosamente se experimenta en otros países.
Es falso también que la fijación de los salarios mínimos sea un producto tripartita. Si bien nuestras leyes hacen referencia a una comisión nacional, se trata de una simulación más. Pocos saben que los actuales representantes obreros y patronales terminan su encargo el 30 de junio de 2007 y que en el primer semestre del año entrante deberá desahogarse un proceso de elección, que en la práctica es un juego orientado a encubrir responsabilidades, además de vulgar negocio particular de un puñado de líderes sindicales y abogados empresariales, los mismos que han secuestrado el resto de los organismos supuestamente tripartitas. Por ello, con toda razón se exige que la fijación de los salarios mínimos esté a cargo de la Cámara de Diputados.
La iniciativa por la recuperación salarial convocada por un numeroso grupo de organizaciones gremiales, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil, es un esfuerzo en favor de las familias y de los jóvenes, hoy sin futuro; es un imperativo ético en la medida que el salario es el instrumento de justicia y equilibrio más importante en la distribución de los bienes que produce nuestra sociedad. Para revertir esta política se requiere de organización. Como sostenía un viejo profesor, parafraseando un poco en broma a la Biblia "Dios ayuda a los buenos cuando están más organizados que los malos".
La Jornada Nacional e Internacional por la Restitución del Salario y el Empleo es una lucha por la vigencia de los derechos humanos más elementales, sustentada en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales de carácter obligatorio. Se trata de un auténtico esfuerzo en favor de la vida.