Ya han declarado 80 personas; pesquisas apuntan a gatilleros de Nuevo Laredo

No hay detenidos aún por desaparición de una juez hace 7 meses en Tamaulipas

MARTIN SANCHEZ TREVIÑO

Ciudad Victoria, Tamps., 10 de noviembre. Al cumplirse siete meses de que desapareció Diana Margarita Canales Cárdenas, juez civil de la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal no ha detenido a ninguno de los indiciados en el expediente 80/2006, aunque ya declararon 80 personas, sobre todo empleados del juzgado, e integrantes de una banda de asaltantes detenidos en Veracruz.

Canales Cárdenas desapareció el 10 de abril pasado cuando viajaba de Nuevo Laredo ­donde tiene su residencia­ a su centro de trabajo en Miguel Alemán, a 140 kilómetros de distancia sobre la carretera ribereña.

Aunque hace tres meses renunció la procuradora Mercedes Guillén Vicente, lo que hizo suponer que las indagatorias se quedarían estancadas, fuentes extraoficiales de la dependencia aseguran que hay una línea de investigación que apunta a dos presuntos gatilleros de Nuevo Laredo como los probables responsables del levantón (secuestro sin intención de pedir rescate) de la funcionaria, pero no han sido detenidos.

Egidio Torre Gómez, segundo subprocurador de Justicia, quien tuvo a su cargo las investigaciones en los primeros cuatro meses de la desaparición, asegura que se peinó por aire y tierra la franja fronteriza por los dos lados del río Bravo. Se han revisado más de mil 200 brechas y caminos vecinales públicos y privados de Nuevo Laredo a Reynosa, pero ni siquiera el vehículo en que viajaba ha sido localizado.

"Hasta comandos del Ejército mexicano participaron en la búsqueda. Eran más de 300 policías que lo mismo revisaron carreteras que brechas colindantes con la región. Por el lado estadunidense la FBI (Oficina Federal de Investigaciones) colaboró en la búsqueda en ese territorio".

Inclusive se revisaron 100 expedientes del juzgado civil donde trabajaba la juez, sobre disputas de 800 hectáreas que colindan con el río Bravo y donde el metro cuadrado se cotiza hasta en 2 mil dólares, pues se presumía que ahí podría estar el móvil de la desaparición, pero al final los resultados no han sido favorables.

Del juzgado han declarado intendentes, oficinistas, relatores y hasta la secretaria de acuerdos, Norma Leticia García Gámez, quien fue sujeta a un procedimiento administrativo por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJT) para inhabilitarla por usurpación funciones propias de la juez, en su ausencia.

García Gámez ­con quien la desaparecida tuvo algunos desencuentros por modificar tiempos constitucionales­ declaró en tres ocasiones, y los investigadores consideraban que podría haber falsificado su testimonio; "se le aplicó el detector de mentiras y ni eso llevó a una pesquisa en firme", reveló la fuente.

No obstante que fuentes extraoficiales de la procuraduría aseguran que no se pueden descartar a integrantes de las bandas de delincuencia organizada como los presuntos responsables de la desaparición, tanto el gobernador Eugenio Hernández Flores, como Rafael González Benavides, presidente del STJT, coinciden en aseverar que el narcotráfico no esta en el fondo del levantón.

Por ese motivo, la Procuraduría General de la República no ha atraído el caso, pero también porque su similar estatal no ha sustentado esa línea de investigación. En tanto, Santiago Canales Cárdenas, familiar de la juzgadora, insiste en una respuesta de las autoridades judiciales.

Versiones extraoficiales

"Lo más probable es que la mujer fue víctima de un asalto a mano armada en el trayecto de los 140 kilómetros, por alguna banda que delinque en los linderos de Nuevo León y Tamaulipas, porque las investigaciones llegaron hasta Agualeguas, Nuevo León, pero los victimarios desconocían la identidad de su víctima. Y cuando se percataron de quién se trataba la desaparecieron", revela un investigador que pidió el anonimato.

Si Nuevo Laredo no fuera una plaza difícil para la investigación, por la disputa del crimen organizado en ese territorio, el asunto ya habría sido esclarecido, consideró la fuente.

El procurador Aníbal Pérez Vargas, quien heredó las investigaciones, se niega a hablar del caso. Desde su arribo, hace tres meses, desintegró el grupo especial que tenía a su cargo las indagatorias, pero la mayoría de sus integrantes renunciaron por falta de viáticos y la encomienda quedó en manos de Lauro Nájera, fiscal de Miguel Alemán, con la colaboración de los comandantes de la policía ministerial de las plazas de Nuevo Laredo y Miguel Alemán.

Actitud similar es la del titular del STJT, quien ni siquiera ha nombrado un nuevo juez civil en Miguel Alemán, y tiene de interino a Jorge Chávez, de la coordinación de visitadurías del Poder Judicial.

Miguel Alemán es el centro de la llamada frontera chica, que abarca los municipios de Guerrero, Mier, Díaz Ordaz y Camargo. En este último se localiza el poblado Guardados de Abajo, donde en abril de 2001 la entonces Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud detuvo a Gilberto García Mena, El June, presunto cabecilla de una célula del cártel del golfo.