Los magistrados no temen por su integridad personal
Una cámara de vigilancia del TEPJF estaba descompuesta
Desde el pasado 12 de octubre las videocámaras que servían para reforzar la vigilancia de la parte trasera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encontraban inservibles. Sin embargo, debido al cambio administrativo que se avecinaba, ya no se pudo remediar esta situación, dio a conocer ayer el magistrado Alejandro Luna Ramos.
En rueda de prensa de los magistrados que están en funciones, encabezados por su nuevo presidente, Flavio Galván Rivera, se habló del efecto que traerá a la institución el incidente del pasado lunes en la madrugada: "No es un caso aislado; pensamos que no es una situación personal para cada uno de nosotros, pero esto ya lo determinarán las autoridades. A nosotros no nos compete hacer ninguna indagatoria", declaró el presidente del TEPJF en alusión a un posible mensaje implícito en la explosión.
Con esta lógica, el magistrado Constancio Carrasco Daza informó que no solicitarán seguridad personal a la Procuraduría General de la República, pues al reunirse este lunes "juzgamos que no estamos expuestos a un mayor peligro, a una amenaza a nuestra independencia, a las decisiones que pronto empezaremos a tomar. Me parece que para hablar de la seguridad personal de los juzgadores tiene que estar en riesgo la independencia en las decisiones y la imparcialidad de las mismas".
Cuestionado sobre el estado de la seguridad en el TEPJF, Luna Ramos señaló que desde el pasado 12 de octubre se informó a la secretaría administrativa que había una falla en una de las cámaras, precisamente en la puerta trasera. De inmediato se solicitó a la compañía que presta el servicio (Pelco) mediante la sociedad anónima Servicios Privados de Seguridad que revisar esta situación.
En respuesta, se les dijo que estas fallas se estaban dando a nivel mundial en este tipo de sistemas e inclusive "que su tiempo de vida ya había fenecido, pues se instalaron hace diez años".
Al recibirse la información 15 días antes de que viniera el cambio, "ya no había tiempo para llevar a cabo un procedimiento de licitaciones como se requiere, para poder solicitar un nuevo equipo".
Luna Ramos comentó que el estallido ocurrió menos de 24 horas después de haberse conocido la nueva integración del tribunal electoral, por lo que no se había tenido tiempo de abordar cuestiones administrativas, pues "estábamos más metidos en la situación jurisdiccional y en la toma de posesión".
Galván Rivera mencionó que todavía no tienen la valoración completa de los daños provocados por la explosión, aunque los peritos ya concluyeron sus trabajos. Indicó que revisarán las cláusulas del contrato con la aseguradora, para determinar si le corresponde asumir el costo de los daños o será el TEPJF el que lo haga.
A pregunta expresa, el magistrado presidente dijo desconocer qué rumbo tomará la averiguación previa, pues las agencias del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal deberán determinar cuáles son las competencias correspondientes. "No sabemos si esto será una averiguación previa común o deberá turnarse a unas de las agencias especializadas. Las autoridades determinarán cuál de las procuradurías es competente para este efecto".
El magistrado presidente desestimó también que ante la serie de estallidos ocurridos en la capital se pueda hablar de ingobernabilidad en el país. Si la hubiera, sostuvo, "no estaríamos aquí".
Al abundar sobre el tema, Carrasco Daza aseveró que por la naturaleza de los delitos, que implicó la violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y daño en propiedad ajena, entre otros, muchos de estos hechos son investigados de oficio y, por tanto, la autoridad competente debe iniciar la investigación correspondiente. Precisó que el lunes mismo acudieron al tribunal electoral funcionarios de ambas procuradurías.
Mientras tanto, en los alrededores de la sede del TEPJF, la inquietud entre los vecinos afectados se incrementó ante la falta de respuesta del gobierno de la ciudad, que les había ofrecido subsanar los daños provocados por el estallido. A la espera de esta solución, los vecinos comenzaban a valorar la posibilidad de acudir al tribunal para que pudiera resarcir las afectaciones.