Usted está aquí: martes 7 de noviembre de 2006 Opinión El Correo Ilustrado

El Correo Ilustrado

Denuncia hostigamiento de la PGR por ser preso político de 1984

Este lunes 6 de noviembre de 2006, cerca de las 18 horas, recibí una llamada en mi domicilio de alguien que dijo llamarse Rafael Ramón González, quien a su vez dijo ser miembro de la AFI, dependiente de la PGR, y que hablaba de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; el motivo de su llamada obedecía ''a corroborar mi domicilio y ubicarme, pues seguramente la PGR me requerirá para rendir mi declaración".

Ante mis interrogantes, respondió con evasivas y colgó. Me comuniqué a los números que se registraron y uno era público; el otro (5521226722), corresponde a la Subprocuraduría de la PGR, sección secuestros, y respondieron que no conocen a dicha persona

Por los acontecimientos del 1º de mayo de 1984 y en mi condición de ex preso político, fui detenido, desaparecido, torturado y encarcelado por más de cuatro años, imputándoseme responsabilidad en los bombazos de esa fecha. En enero de 1994 y a partir del alzamiento zapatista, nuevamente fui objeto de persecución y hostigamiento, acusado de haber participado en los "bombazos'' de Plaza Universidad, situación que se desvaneció ante lo falaz de la acusación.

Hoy, ante la grave situación que se vive en el país, particularmente en Oaxaca, y los estallamientos de bombas en diferentes puntos de la ciudad, nuevamente me llaman para anticiparme que "la PGR me requerirá para rendir mi declaración". ¿Qué declaración?

Por lo anterior, hago una denuncia pública y exhorto a los organismos gubernamentales y no gubernamentales a estar pendientes de este desenlace. Exijo respeto a mis garantías individuales y derechos políticos, pues una amenaza de este tipo siempre termina en aprehensión, tortura, desaparición o, en el mejor de los casos, encarcelamiento.

Soy representante de la UPREZ Benito Juárez, integrante de la otra campaña, miembro del Movimiento Urbano Popular y me declaro adversario de la impunidad del poder, de las políticas neoliberales y de la política genocida y de represión para todo aquellos que somos, pensamos y actuamos abajo y a la izquierda.

Atentamente

Diego García, ex preso político por el 1º de mayo de 1984

Bombazos, para desviar la atención

Los abajo firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de los recientes acontecimientos violentos (tres bombas colocadas en lugares estratégicos de la ciudad de México) cuya finalidad, claramente, es desviar la atención de los grandes problemas nacionales.

Consideramos que dichas acciones son provocaciones dirigidas a la descalificación de los movimientos ciudadanos que luchan por la defensa de los legítimos derechos democráticos emergidos en defensa de la soberanía y dignidad del pueblo mexicano, soslayando el trabajo y la libertad de expresión de organizaciones como la APPO o el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica.

Acusamos a las fuerzas de la ultraderecha, cuya expresión visible se manifiesta en el Yunque, y al gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz de la desestabilizacion política y las expresiones violentas; recordemos que los muertos siempre están en el pueblo que lucha por la igualdad y la democracia.

Exigimos la salida de las fuerzas represoras y la PFP de Oaxaca así como del cacique Ulises Ruiz Ortiz.

Convocamos a la macromarcha a la ciudad de Oaxaca el próximo sábado 11 de noviembre.

Citlali Esparza González, Armando Coutiño, Miguel Angel Salazar, Guadalupe Cortes, Marisela Meneses Trejo, Teresa Fernández, Felipe Sánchez Lima, Lourdes Ramos, Luis Aldama Martínez, José Valle Espinosa, Eduardo Chávez, Rafael Aréstegui Ruiz, Hilda González, Manuel Villarreal Trujillo

Piden a Fox solución pacífica para Oaxaca

Señor presidente Fox: preocupados por la justicia social y el respeto a los derechos humanos, respetuosamente le pedimos a usted y a su administración resuelvan el conflicto en Oaxaca por medios pacíficos y racionales. Observamos con profunda consternación los eventos en Oaxaca. No se puede hablar del "restablecimiento del estado de derecho" en el contexto de acciones de porros y paramilitares y violaciones de derechos humanos. Como académicos, organizaciones sociales, padres de familia y ciudadanos, entendemos la importancia del retorno a clases y el restablecimiento de la paz social, y pensamos que sólo se pueden dar a través del diálogo y la negociación, y no de la represión violenta a un movimiento civil y pacífico, cuyos reclamos cuentan con un amplio apoyo de la sociedad oaxaqueña y reflejan el rezago económico, político y social del estado.

Considerando el artículo 39 de la constitución mexicana, que establece que "el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", no entendemos por qué se defiende, por medios violentos, al gobernador de un estado que revela hoyos democráticos, vacíos institucionales, rezagos sociales. No entendemos cuáles son los argumentos que defienden el autoritarismo impune, la corrupción compartida, la imposición aplaudida, la hamponería como forma de gobierno.

Pedimos lo siguiente: la salida inmediata del Ejército mexicano y la policía federal preventiva; libertad a los presos políticos; justicia para los asesinados y la inmediata consignación y castigo de los responsables; la salida del gobernador Ulises Ruiz; la educación como camino hacia la paz.

El orden impuesto por la fuerza sólo puede ser efímero. Muy atenta, la comunidad global ya no está dispuesta a aceptar el doble discurso.

José María Rabasa, jefe del departamento de Español y Portugués, Universidad de California en Berkeley; Manuel Callahan, Humboldt State University. Adrián Carrasco Zanini, New College of California. Ignacio Valero, California College of the Arts. Alejandro Reyes Arias, Carlos Bazúa Morales y 57 firmas más. (Carta resumida)

 
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