Editorial
Oaxaca, víctima de la provocación
Ayer viernes fue la peor jornada de violencia en contra de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en lo que va del conflicto, la cual dejó un saldo de al menos tres muertos y varios heridos. Uno de los aspectos más graves de esta situación es que estos incidentes ocurrieron en un doble contexto que implica un notable incremento de la tensión ya existente en la entidad: por un lado, está el acuerdo condicionado mediante el cual el magisterio oaxaqueño aceptó reanudar las clases en el estado el próximo lunes 30 de octubre, una medida saludada por sectores políticos como un paso positivo hacia la solución de este conflicto. Por el otro, figura el incremento de las protestas generalizadas para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, que paralizaron la entidad.
De acuerdo con miembros de la APPO, policías municipales y preventivos vestidos de civil, al mando del alcalde Manuel Martínez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y respaldados por presuntos militantes priístas, dispararon con armas de fuego contra un retén de la asamblea instalado en el municipio de Santa Lucía del Camino, hiriendo de muerte al reportero estadunidense Bradley Will, de la empresa Indymedia. Asimismo, en otro tiroteo fue asesinado el maestro de primaria Emilio Alonso Fabián de la sección 22, víctima de tres impactos de bala mientras se encontraba en una barricada colocada frente a la sede del gobierno estatal, en Santa María Coyotepec. En ese incidente, los atacantes también iban vestidos de civil. Estas agresiones no fueron fortuitas sino planeadas, como lo revela el hecho de que durante la misma jornada se registraron simultáneamente otros tres ataques, en los cuales también resultó asesinado el comunero Esteban Ruiz. En total, las agresiones, en las que al parecer los periodistas eran blanco de los atacantes, dejaron 23 personas heridas. Se trató, pues, de acciones concertadas con el fin de provocar terror e incertidumbre en el estado.
Tales provocaciones, aunadas a los bloqueos de las rutas de acceso a la ciudad de Oaxaca, a la huelga de hambre de varios integrantes de la APPO para exigir la renuncia del gobernador, a otras protestas y a diversos incidentes adicionales, como secuestros y desapariciones de maestros, no pueden sino incrementar los roces entre los disidentes y las autoridades, dibujando a la vez un escenario en donde el estado aparece como una entidad sin ley ni orden, dominada por el caos y la confrontación.
La suma de estos factores debería obligar al gobierno del presidente Vicente Fox a buscar una salida al conflicto en Oaxaca que no puede consistir en una mayor intervención de los cuerpos policiacos, tal y como han exigido los sectores más autoritarios de la sociedad y de la clase política, en especial el PRI.
En este contexto, cabe preguntarse quién tiene interés en un aumento de la tensión en Oaxaca, en la cancelación del diálogo y la negociación y en una solución mediante el uso de más fuerza y violencia. Ante este panorama de graves presagios, el gobierno federal está en la obligación de caminar con tiento para evitar los cantos de las sirenas que demandan un arreglo basado en decisiones unilaterales e intolerantes, ya que lo que está en riesgo es la estabilidad del país: la intervención de las fuerzas de seguridad en Oaxaca sería una herencia que pesaría mucho sobre la administración del presidente electo, Felipe Calderón, y minaría su capacidad de actuación.