Por fin designa la STPS delegado en Coahuila
A casi nueve meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 obreros, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Javier Salazar Sáenz, apenas designó al nuevo delegado de la dependencia en Coahuila, para que defienda los derechos de los familiares de los asalariados fallecidos.
La propia dependencia señaló que, "en consecuencia con el compromiso adquirido con oportunidad", Salazar Sáenz nombró a Darío Garrido Guzmán como nuevo delegado en el estado, luego de que el anterior "no se volvió a aparecer por la mina luego del accidente", según denuncias hechas por las viudas y demás familiares de los muertos.
Garrido Guzmán, ingeniero de profesión, se presentó en Saltillo, Coahuila, este mismo lunes para asumir el cargo que quedó vacante desde principios del año, lo cual fue uno de los primeros reclamos de los familiares, ya que no hubo ninguna representación oficial para atender sus reclamos y las quejas ni para apoyar los supuestos trámites que se iban a emprender para apoyarlos.
En un comunicado, la SPTS señala que con esta designación "el titular de la Secretaría de Trabajo cumple con lo ofrecido a los familiares de los fallecidos en el lamentable accidente de Pasta de Conchos y a los representantes de esa zona del país ante el Poder Legislativo".
No obstante, la promesa se está cumpliendo tras nueve meses en los que los familiares de los fallecidos han tenido que representarse solos en todos los trámites; muchos de ellos no han recibido aún la indemnización ni los apoyos ofrecidos y no se ha castigado a los responsables, como las viudas manifestaron en una queja que presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la queja ante este organismo mundial las esposas y otros familiares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos demandaron un deslinde de responsabilidades y un plan de rescate concreto y completo de los cuerpos, "ya que incluso como esta tarea no se ha realizado y no hay actas de defunción, algunos familias no han cobrado la indemnización correspondiente", aseveraron.
Incumplimiento de obligaciones
También señalaron en la queja que el Estado mexicano ha incumplido con las obligaciones internacionales derivadas del convenio 155 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los trabajadores, debido a que no ha hecho nada para prevenir accidentes, no aplica las leyes y los reglamentos en la materia ni tiene un eficiente sistema de inspección e infracciones; tampoco detuvo, aunuqe pudo hacerlo, las operaciones peligrosas de la mina.
Tampoco, señalaron, se ha fincado responsabilidad a Industrial Minera México por la muerte de los trabajadores y el incumplimiento de la legislación nacional.
En cambio, se quejaron, la secretaría requirió más de nueve meses para designar al nuevo delegado en Coahuila, pese a que en las conferencias que ofreció Salazar Sáenz luego de la explosión se comprometió a que "en los siguientes días sería nombrado el nuevo representante" para tratar todos los asuntos relativos a la defensoría de los trabajadores.