Tuvo otros objetivos el operativo policiaco de mayo pasado en ese municipio, afirma
En Atenco no hubo tortura porque no se buscaban confesiones, según la PGJEM
El gobierno mexiquense prepara respuesta a recomendación de la CNDH sobre el caso
Toluca, Méx., 22 de octubre. La respuesta que prepara el gobierno del estado de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la recomendación 38/2006 -relativa a los hechos violentos en San Salvador Atenco a principios de mayo pasado- rechaza que se haya cometido tortura durante el operativo policiaco y el traslado de los detenidos al penal de Santiaguito.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Abel Villicaña Estrada, confirmó que la Secretaría General de Gobierno estatal elabora la respuesta a la recomendación, con las observaciones que hace cada una de las dependencias responsables de las investigaciones por los excesos policiacos cometidos.
Indicó que la procuraduría turnó a la Secretaría General de Gobierno una justificación jurídica de por qué no se imputó el delito de tortura a los elementos de seguridad que incurrieron en excesos en su desempeño.
A pesar de que la CNDH señala que se incurrió en tortura en agravio de los detenidos, sobre todo el momento de su traslado a Santiaguito, el procurador Abel Villicaña sostuvo que ese tipo penal no se configura porque la conducta de los policias no estuvo encaminada a obtener una confesión o una información de parte de los asegurados.
"Damos una exposición en el documento correspondiente, señalando que la PGJEM, desde que culminó las actuaciones, estuvo valorando cuál era la conducta específica que encuadra en algún tipo penal. Analizamos los supuestos que contiene la ley para prevenir y sancionar la tortura, y encontramos que ésta se da cuando se intimida, golpea o se causa un daño físico a una persona con el propósito de obtener de ella una confesión o una información; por el otro lado, vimos que, de acuerdo con el Código Penal del estado, la conducta encuadra en el tipo penal de abuso de autoridad, y sostenemos que no se da el tipo de tortura, porque no se fijó como propósito el obtener una confesión o una información, sino que era un operativo con otros fines", explicó Villicaña.
El procurador afirmó que mientras se elabora la respuesta a la CNDH, ya se han iniciado los trabajos para cumplir las 13 recomendaciones que hizo el organismo al gobierno del estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad que participaron en los operativos de San Salvador Atenco.
Añadió que la dependencia a su cargo retomó las investigaciones por los homicidios de los menores Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández, quienes fallecieron por un disparo de arma de fuego y un proyectil de gas lacrimógeno, ambos activados por la policía estatal.
Abel Villicaña expresó que se solicitó información a la Agencia de Seguridad Estatal acerca del armamento que utiliza, ya que el calibre de la bala que quitó la vida a Javier Cortés es el mismo que utiliza la policía estatal.
El procurador informó que se tienen evidencias de que al menos un policía acudió al operativo en San Salvador Atenco armado, y que incluso fue fotografiado por los medios de comunicación.
"Es por eso que estamos solicitando el nombre de este elemento, y verificaremos el arma que utilizó."
Informó asimismo que se invitó al delegado de la Procuraduría General de la República en el estado para que integre con autoridades locales un equipo de trabajo que se encargue de revisar actuaciones del Ministerio Público y de hacer propuestas de acciones a desarrollar.
Ese grupo interdisciplinario que verificará la correcta integración de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos de Atenco, añadió Villicaña, iniciará labores la próxima semana, una vez que quede completamente integrado.