Tienen sandinistas 37% de intención de voto: sondeo
Impulsa EU campaña contra el FSLN en Nicaragua: analista
Managua, 22 de octubre. La posible victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones del 5 de noviembre en Nicaragua ha desatado una virtual guerra política contra su candidato, Daniel Ortega, en un clima plagado de campañas negativas e injerencias extranjeras.
Un fuerte sector económico, representado en la derecha nicaragüense y auspiciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca, está detrás de todos los esfuerzos y gestiones empresariales, intelectuales y políticas en busca de agrupar a los partidos derechistas en una sola oferta electoral para derrotar al FSLN, dijo a Ips el historiador Aldo Díaz Lacayo.
"Para Estados Unidos, el FSLN continúa siendo la principal fuerza política y orgánica con posibilidad real de ganar las elecciones, y eso lo tiene preocupado porque cree que Nicaragua pasará a formar parte del bloque antiestadunidense que encabeza el presidente venezolano Hugo Chávez con Cuba, Bolivia y los otros países donde la izquierda ha ganado", opinó.
En la contienda presidencial corren cinco partidos políticos, encabezados por el izquierdista FSLN, que gobernó el país entre 1979 y 1990, tras derrotar militarmente a la dictadura dinástica de la familia Somoza, a la que combatió desde los años 60.
Según encuestas, el FSLN recogería en las urnas un respaldo de entre 28 y 37 por ciento de los 3.4 millones de votantes.
El gobernante y derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) postula al abogado José Rizo, bajo la influencia del ex presidente que fue condenado por corrupción Arnoldo Alemán (1997-2002), con una intención de voto de 15 a 20 por ciento, según indican sondeos.
La también derechista Alianza Liberal Nicaragüense, que encabeza el banquero y ex funcionario público Eduardo Montealegre, cuenta con una proporción de adhesiones de entre 17 y 30 puntos porcentuales, según diferentes encuestas.
El Movimiento Renovador Sandinista, disidente del FSLN, presenta la candidatura del economista Edmundo Jarquín, con un respaldo de 15 a 20 por ciento. Por último, el ex guerrillero Edén Pastora, escindido hace tiempo del sandinismo, se presenta con Alternativa por el Cambio, y no recoge más de uno por ciento.
Parte de la preocupación de Washington se refleja en las declaraciones contra Ortega y el FSLN del embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, y de otros representantes de Washington, así como en las acciones de varias organizaciones nicaragüenses encaminadas a consolidar el voto de la derecha contra el sandinismo, señaló el analista Díaz Lacayo.
A mediados de septiembre, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua llamó a los candidatos a someterse a una encuesta nacional y, dependiendo de sus resultados, elegir al postulante que recogiera más simpatías ante el cual los demás declinarían sus candidaturas.
La propuesta no tuvo efecto. Un día después, intelectuales de derecha y disidentes de izquierda, agrupados en Unidad por Nicaragua, instaron a los partidos a dejar de lado sus ambiciones y unirse contra Ortega.
A finales del mismo mes llegó al país el legislador del gobernante Partido Republicano de Estados Unidos, Dan Burton, presidente del Subcomité de Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental de la Cámara baja, quien insistió en la misma propuesta.
Unanse los candidatos de los otros partidos en torno a Montealegre (el preferido de Washington) o los nicaragüenses sufrirán las consecuencias de un gobierno sandinista y sus relaciones "difíciles" con Estados Unidos, además de un descalabro económico, sugirió Burton.
"Esa insistencia está polarizando las elecciones", un efecto por el cual "pierden los no sandinistas porque tienen varias casillas donde dispersar el voto, mientras los sandinistas sólo tienen una", opinó Díaz Lacayo.
Ortega, miembro de la junta de gobierno sandinista en la primera mitad de los años 80 y presidente entre 1985 y 1990, fue denunciado en junio ante el Ministerio Público por la matanza de indígenas y el desplazamiento forzado de miles de otros durante los años 1981 y 1982. Este mes la denuncia fue llevada por la no gubernamental Comisión Permanente de los Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya investigó esos hechos desde 1982, con una resolución adversa al Estado nicaragüense en 1984.
Otro asunto reabierto contra Ortega en los medios de comunicación es el de incesto y violación de su hijastra, Zoilamérica Narváez, desde que ésta tenía 12 años. El caso ya fue tratado por la justicia penal en un proceso en el que el ex mandatario fue absuelto por una magistrada de reconocida militancia sandinista, y luego llevado ante la CIDH, por negación de justicia del Estado, con un fallo en favor de la denunciante en 2001.
Ips buscó durante más de dos semanas una opinión del FSLN sobre estas y otras acusaciones, pero sólo obtuvo una frase de un asistente de comunicación: "No vamos a responder a esa campaña de odio".
Pese al silencio, el representante legal de ese partido, Elías Chévez, acusó por delitos electorales ante el Ministerio Público al Instituto Republicano Internacional, organismo cercano a la extrema derecha estadunidense, por financiar con miles de dólares la capacitación de delegados electorales de Alianza Liberal y del Movimiento Renovador Sandinista.
La acusación del FSLN provocó otra, de sus adversarios, sobre el dinero y el petróleo venezolano que recibe el sandinismo.
Las alcaldías sandinistas agrupadas en la Asociación de Municipios de Nicaragua firmaron en abril un acuerdo con la empresa estatal de petróleo de Venezuela, por el cual se creó Alba Petróleos de Nicaragua Sociedad Anónima, que recibió el 7 de octubre el primer embarque de 304 mil litros de gasóleo, recibidos en persona por Ortega.
Las denuncias también afirman que el sandinismo ha infiltrado al Consejo Supremo Electoral con el fin de lograr un fraude en favor de Ortega.