Lo ligaron con movimientos armados y narco, dicen
ONG denuncian detención ilegal de comisariado en Coapinola, Guerrero
Oaxtepec, Mor., 21 de octubre. La Coordinadora Regional de la Costa Chica-Montaña y la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos denunciaron que militares del 48 Batallón de Infantería retuvieron varias horas e interrogaron ilegalmente a Raúl Lucas Lucía, comisariado de Coapinola, Guerrero, a quien vincularon con movimientos armados y le atribuyeron conocer la producción de droga en la zona.
Lucas García, uno de los dirigentes de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, adherente a la otra campaña en Ayutla, Guerrero, núcleo agrario donde se encuentra ubicada la comunidad de El Charco, fue retenido por unos 35 militares del batallón de Cruz Grande en un camino rural de la periferia de Ayutla.
"Le dijeron que como comisariado él era responsable de todo lo que ahí pasara y tenía que decirles todo lo que quisieran saber: dónde hay encapuchados, drogas y quiénes son", denunciaron las dos organizaciones indígenas de Guerrero.
Raúl Lucas rechazó contestar argumentando sus derechos, pero lo amenazaron con "cargárselo" si se negaba: "A ver qué día te visitamos en Roca Colorada", comunidad de origen de Raúl Lucas.
Lucas Lucía fue torturado hace ocho años por efectivos del Ejército: en aquella ocasión fue sacado a la fuerza de su casa y llevado al monte donde fue golpeado, encañonado y amenazado de muerte por más de siete horas, hechos que fueron denunciados y hasta la fecha permanecen impunes.
Los denunciantes expresaron temor porque en las dos semanas recientes se ha recrudecido la presencia castrense en otras comunidades de la zona mixteca, como el Zocolote, donde los habitantes han sufrido intimidaciones e invasiones de militares.
En otro contexto, unos 500 nahuas del municipio de Chilapa, en la Montaña Alta de Guerrero, mantienen en su poder, desde el viernes, las bodegas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para demandar que la Contraloría y la Auditoría General del estado investiguen a la alcaldesa Alicia Zamora Villalva, a quien acusan de vender el fertilizante y favorecer sólo a militantes del PRI.
Margarito González Nava, dirigente municipal del PRD, expresó que los indígenas se vieron obligados a tomar las bodegas de la Sagarpa, ubicadas en Chilapa, luego de que se percataron que la alcaldesa hacía negocios con el abono subsidiado. "Sabemos que a un empresario priísta le está ofreciendo 30 toneladas", dijo.
Con información de Sergio Ocampo Arista, corresponsal