Recomendación de CNDH sobre operativo en Lázaro Cárdenas, extemporánea, afirma
Necesario, reformar sistema policiaco en el país: Centro Agustín Pro Juárez
Se está convirtiendo en mecanismo de represión hacia movimientos sociales, asegura
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que aunque la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al operativo de desalojo violento, que fue "planeado, coordinado y dirigido por la Policía Federal Preventiva (PFP) y apoyado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los trabajadores de la Siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue ofrecida fuera de tiempo y no proponía nada nuevo; sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa la necesaria reforma al sistema policiaco del país.
Por tanto, es imprescindible un modelo diferente e innovador de seguridad ciudadana, más democrático, eficaz, profesional y respetuoso de los derechos humanos, afirmó el titular del organismo, Luis Arturo Macías, quien en entrevista precisó la urgencia de un cambio en el esquema policiaco que ya dio de sí, porque se está convirtiendo en un mecanismo de represión hacia los movimientos sociales y no un servicio del Estado para proteger a los ciudadanos.
Indicó que con base en los acontecimientos de Michoacán, San Salvador Atenco y los velados señalamientos oficiales de enviar cuerpos federales de seguridad a la zona del conflicto del centro de la ciudad de Oaxaca, el gobierno federal aplica un "patrón sistemático" de intervención de las fuerzas federales y la militarización de los cuerpos policiacos para atender este tipo de situaciones.
"En el Centro Pro de Derechos Humanos esto nos parece grave, porque lo que genera es violencia y violación a los derechos humanos. No se está poniendo, de entrada (con estos operativos policiacos), la precaución de atender la perspectiva de las garantías fundamentales en la seguridad pública, sino lo que se busca es sólo utilizar la fuerza pública", acotó.
La investigación de la CNDH, publicada por La Jornada, reveló, entre otras cosas, que fue la Secretaría del Trabajo la que "solicitó -el 18 de abril de este año- a la Secretaría de Gobernación 'valorar' el requerimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública federal, mediante la PFP, procediera a restablecer el orden y el estado de derecho en las inmediaciones de la siderúrgica".