Momento de definiciones
Se acerca el desenlace del conflicto oaxaqueño en un contexto complejo en el que la amenaza del uso de la fuerza pública se mantiene y se filtran los operativos previstos para el desalojo, como el Plan Hierro de Ulises Ruiz, que ha sido ampliamente rechazado, pues sería la crónica de una masacre anunciada. En paralelo y como complemento a la ostentación y movilización federal de fuerzas policiacas y de la Marina en Oaxaca se inició una vía "política" que tuvo una primera etapa en la reunión abortada denominada Foro para la gobernabilidad, la paz y el desarrollo en Oaxaca.
El intento de colocar la interlocución política en los más amplios sectores real o potencialmente afectados por el conflicto y la pretensión de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fuera una "invitada más" fueron reventados con la posición de un grupo de asistentes que antes de retirarse dejaron claro y por escrito que con un esquema así no hay diálogo ni solución posible, la cual requiere la salida del priísta Ulises Ruiz de la gubernatura oaxaqueña -quien se encontraba presente- y la ampliación de la agenda para abordar la problemática de manera integral, incluyendo en especial la de los pueblos indígenas. La decisión de Francisco Toledo, Joel Aquino, Adelfo Regino, Aldo González, Roselia Gutiérrez, Gustavo Esteva y Salomón Nahmad, entre otros, dejó sin legitimidad y sin materia una reunión que de manera absurda se realizaba sin la presencia de la APPO ni la de los maestros de la sección 22.
Como sabemos, posteriormente se realizó otra reunión entre la APPO y la Secretaría de Gobernación en la que ésta le propuso entregar los espacios ocupados con barricadas en la capital oaxaqueña y que ella colocaría una suerte de administrador de las fuerzas policiacas federales en la persona de un subsecretario. En este momento sabemos que la respuesta que la APPO dará a Gobernación es de rechazo, pero planteará una contrapropuesta que incluya el retiro de las fuerzas federales y la elaboración de una agenda de amplio alcance.
Si observamos, el recrudecimiento de la violencia en Oaxaca es un claro intento de lograr el desprestigio de la APPO y un reflejo de que Ulises y sus demonios andan sueltos, mientras el gobierno federal no garantiza control alguno. Afortunadamente el conflicto está saliendo de Oaxaca y su presencia e impacto se verán reforzados con la entrada de la caravana de la APPO a la ciudad de México justamente en el momento del nuevo encuentro de sus dirigentes con el huésped de Bucareli .
Esta semana será de definiciones. El escenario donde se decidirá la suerte del conflicto es el Senado, que discutirá la desaparición de poderes, y a través de él se perfilarán las posturas de los partidos políticos. De momento parece clara la resistencia del PRI a aceptar la remoción de Ulises Ruiz y sin duda está haciendo valer sus cartas ante el PAN. Resulta difícil pensar que se puede sostener de manera indefinida un conflicto con el nivel de presión social y política que tiene.
Dependiendo de cómo evolucionen las posturas en el Senado se puede prever una medida desesperada del priísmo en apoyo, ya no a Ulises Ruiz, sino a su hegemonía en la entidad, e inclusive podría recurrir a la solicitud de licencia para que la designación del sustituto quede en la cancha local y evite la llegada de un interino de oposición designado por el Senado si desaparece poderes. Ello suponiendo que el cacique que se ostenta como gobernador no se lance por su cuenta a romper la vía política y montar una provocación armada contra la APPO, saltándose las trancas del proceso federal. No sería la primera vez que el foxismo camine desnudo.
Dentro de este complejo panorama no está en la mesa la reflexión sobre el alcance posterior del movimiento una vez lograda la salida de Ruiz. En este contexto poco se ha destacado el análisis de un grupo de organismos sociales que en agosto pasado realizó el foro nacional Construyendo la democracia y la gobernabilidad en Oaxaca y produjo un documento importante en el cual asentó que la inconformidad social frente a Ruiz viene desde que se inició su gobierno, marcado por la impunidad ante asesinatos políticos, la manipulación de recursos públicos y programas sociales; en síntesis: una evocación de los peores tiempos del príismo. Pero no sólo argumentó el porqué de su afiliación al movimiento social, sino que dejó claro que el motor que lo lleva a participar es la búsqueda de la democracia para la entidad y el pleno respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Así que más vale que las cúpulas partidistas empiecen a pensar que no se trata de un simple "quítate tú para ponerme yo", pues la salida de Ulises Ruiz es imprescindible para iniciar el proceso realmente democrático en una entidad donde el cacicazgo tiene sentados sus reales.