Editorial
Oaxaca: visos de solución
En el encuentro sostenido ayer entre el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), ocurrió un acercamiento en las posiciones del movimiento y del responsable de la política interior que podría traducirse en un levantamiento de los plantones en la capital de la entidad y en la entrega de la plaza a un civil con rango de subsecretario. Al parecer, salvo por las objeciones de Abascal a que el mando de la seguridad pública del estado sea supervisado por un consejo ciudadano de vigilancia, como demanda la APPO, han fluido los acuerdos orientados a la normalización de la capital y han sido aceptadas los reclamos de la salida de los jefes policiales estatales y municipales, y la del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Esta perspectiva, sin duda alentadora, no justifica, sin embargo, un optimismo desbordado, ni da pie a suponer que el conflicto esté a punto de quedar atrás. Está pendiente aún la respuesta a la exigencia de la APPO, hasta ahora indeclinable, de la salida de Ulises Ruiz del gobierno, asunto que ha sido turnado ahora al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, quien quedaría a cargo de elaborar una salida política y de negociar la renuncia del mandatario, toda vez que las fracciones priísta y panista en el Senado de la República parecen empeñadas en sostener, por la vía de la inacción, al todavía ejecutivo estatal. Lo cierto es que, de prosperar el acuerdo entre Gobernación y el movimiento de protesta, las atribuciones y facultades del político priísta quedarían prácticamente suprimidas.
No debe olvidarse que si Oaxaca se encuentra en un peligroso impasse institucional y político, ello ha ocurrido por la falta de voluntad de los gobiernos federal y estatal, así como de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, para facilitar la solución del conflicto. Por el contrario, las dependencias del Ejecutivo federal y los legisladores de ambas formaciones han venido especulando desde hace meses con el descontento oaxaqueño y han procurado capitalizarlo para beneficio de sus propios intereses políticos. Cabe exigir, si los encuentros entre Abascal Carranza y los líderes disidentes logran plasmarse ahora en una entrega pacífica de la ciudad a autoridades federales, que se hagan a un lado las actitudes facciosas y se dé inicio a una reforma profunda de las lacras que afectan desde siempre al ejercicio del poder público en la entidad: corrupción, autoritarismo y cacicazgos, entre las principales.
No debe perderse de vista, por otra parte, que la crisis actual, que se inició como un malestar laboral de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y se desarrolló hasta sus actuales dimensiones por el empecinamiento priísta y por la colosal ineptitud política del foxismo, tiene como telón de fondo dramas económicos y sociales que no son exclusivos de Oaxaca y que requieren atención urgente: exasperantes desigualdades sociales, extendido desempleo, zonas de pobreza extrema y marginación ancestral, opresión política y falta de democracia sindical, entre otros.
Por lo pronto, la amenaza de la represión ha vuelto a disiparse y este hecho es en sí mismo esperanzador. Ahora falta todo lo demás.