Desabasto de agua en Jalisco
Al iniciar hace casi seis años su gestión gubernamental en Jalisco, el panista Francisco Ramírez Acuña fijó como prioridad de su gobierno dotar de suficiente agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara y la construcción de un sistema de recolección y tratamiento de las aguas negras. Para hacer realidad su promesa, se contaba ya con algunos estudios para construir una gran presa: Arcediano, con una capacidad de embalse de 480 millones de metros cúbicos, así como un acueducto de 13 kilómetros de largo. Estas obras permitirían surtir a la capital tapatía de 10.4 metros cúbicos de líquido por segundo. Su vida útil se calculaba en 25 años. Sin embargo, el sexenio avanzó sin que apareciera el dinero para la magna obra, mientras recibía custionamientos severos de diversos grupos sociales.
Cuando Ramírez Acuña (protector de Felipe Calderón cuando éste decidió lanzarse sin la bendición de Fox y la señora Marta como precandidato del PAN a la Presidencia) prometió construir las obras citadas, seguramente sabía de dónde provendrían los recursos para hacerlas. Pronto se vio que no era así: localmente no había forma de obtenerlos, mientras el gobierno federal se los negaba año tras año. Pero en diciembre pasado, un funcionario que no tiene bajo su responsabilidad asuntos financieros, José Luis Luegue Tamargo, quien cobra como titular de la Secretaría del Medio Abiente y Recursos Naturales, declaró que sí existía dinero para la construcción de Arcediano, que los recursos están "digamos, reservados y garantizados por Hacienda", y que 40 por ciento de lo que se gastará provendrá del gobierno federal y el resto de las instancias locales, así como que las obras darían comienzo en 2006.
Algunos diputados de Jalisco le respondieron que en el presupuesto que ellos aprobaron para ese año no había partida alguna para la presa.
En mayo pasado el director de la Comisión de Aguas y Saneamiento de Jalisco, Enrique Dau, anunció que un mes después darían inicio las obras y que el gobierno de Fox ya había entregado 867 millones de pesos para tal fin. Defendió de paso a Arcediano como la mejor opción para dotar de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, ya que no afecta el medio ambiente. Descalificó así a quienes señalan que las tendencias mundiales van en el sentido de no construir grandes presas por sus efectos negativos en lo ecológico, social y económico. Por el contrario, dijo, "si queremos que el país continúe desarrollándose es indispensable construir obras como Arcediano". Mas las obras no arrancaron en junio, pero, según el decir de los funcionarios, "sí pronto", pues el último obstáculo era Guadalupe Lara. Se trata de la única persona que queda de las 200 que habitaban el poblado de Arcediano y había obtenido la protección judicial para no ser desalojada. Recientemente perdió ese respaldo. Para mala suerte del actual gobernador, de no cambiar las cosas la construcción de la presa será tarea de su sucesor. Poco importa, porque será figura destacada del próximo gobierno federal.
Pero el problema del abastecimiento de agua en la zona metroplitana de Guadalajara estará lejos de resolverse aun contando con mayor dotación de agua potable. Esa zona necesita, al menos, 12.5 metros cúbicos por segundo. Hoy tiene apenas nueve. En promedio, cada habitante recibe 280 litros diarios. Mas es importante señalar que 40 por ciento del agua que lleva la red de conducción se pierde por fugas y otras causas; que hay una distribución muy desigual del recurso entre la población, pues mientras unos la malgastan en extremo, otros apenas reciben lo indispensable. Que lo que se cobra por el servicio de agua no es lo justo y pagan más los pobres que los ricos, quienes la desperdician. Además, las aguas negras no son tratadas ni reusadas como prometió el señor Fox hacerlo en todo el país.
Rehabilitar el sistema de conducción, utilizar racionalmente el líquido y distribuirlo adecuadamente hubiera sido una mejor solución del problema. Pero es mucho pedir de este sexenio, marcado por el dispendio y por favorecer con contratos a las grandes empresas constructoras y a familiares, por proteger intereses privados, no al medio ambiente ni a la población.