Editorial

Desestabilización en Bolivia

Los cruentos enfrentamientos ocurridos la semana pasada entre mineros cooperativistas y asalariados en el departamento boliviano de Oruro, y que dejaron una veintena de muertos y varias decenas de heridos, han colocado al gobierno de Evo Morales ante la más dura de las pruebas a las que se ha enfrentado hasta ahora, y evidencian los factores de desestabilización introducidos en el panorama político de la nación sudamericana por los intereses oligárquicos y extranjeros dispuestos a frenar a toda costa el proyecto de transformación nacional en curso.

En efecto, la confrontación entre los cooperativistas y los asalariados generó una crisis política que costó el cargo a Walter Villarroel, quien se desempeñaba como ministro de Minas, y que significó para el gobierno de Morales la pérdida del respaldo de los mineros cooperativistas ­unos 60 mil­ y de la Confederación Obrera Boliviana (COB), la cual anunció que iniciará un juicio contra el mandatario por su supuesta responsabilidad en la gestación del enfrentamiento.

No es éste el primer episodio violento de la desestabilización. A comienzos del mes pasado, la oposición de derecha organizó un paro de 24 horas en Santa Cruz, El Beni, Pando y Tarija, y lanzó a las calles a grupos de golpeadores y vándalos. La semana pasada, una emboscada tendida en una zona de reserva ecológica por presuntos narcotraficantes a campesinos cocaleros dejó varios muertos y heridos.

Tal es el telón de fondo de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente que sesiona en Sucre, en la cual las fuerzas progresistas aglutinadas alrededor del gobierno de Morales buscan una refundación nacional que permita atenuar las atroces desigualdades sociales de Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, y convertir en pilares del Estado el petróleo nacionalizado y la reforma agraria emprendida por la actual administración. Es claro que la ofensiva de la derecha tenderá a extenderse y agudizarse conforme el equipo del ex dirigente cocalero adopte nuevas medidas de transformación social, y que los designios desestabilizadores apenas comienzan en Bolivia. Cabe esperar que Evo Morales y sus colaboradores logren desactivar conflictos sociales que tienen el sello inconfundible de la provocación y preservar la unidad en torno al proyecto popular y social.

El asesinato de la periodista independiente Anna Politkovskaia, perpetrado el sábado en Moscú, pone de relieve, una vez más, el inmenso poder y la impunidad en que se desenvuelven las mafias y la corrupción en la Rusia de Vladímir Putin.

El crimen, que ha conmovido a las conciencias democráticas de ese país y ha generado reacciones de repudio locales e internacionales, no puede desvincularse de las denuncias formuladas por la informadora, en libros y en notas publicadas en la Novaya Gazeta, de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Moscú en Chechenia y de la enorme corrupción que caracteriza la ocupación de esa martirizada nación caucásica.

Es significativo y preocupante que mientras las consignas y pancartas de los manifestantes reunidos ayer en la Plaza Pushkin para repudiar el homicidio de Politkovskaia atribuyeran al Kremlin la responsabilidad del atentado, el gobierno de Putin no haya externado una sola palabra al respecto.

El homicidio deja ver, por otra parte, la hipocresía de Occidente en su relación con las actuales autoridades rusas, las cuales están muy lejos de representar al gobierno democrático, respetuoso de los derechos humanos y "moderno", y próximas, en cambio, no tanto al totalitarismo estalinista cuanto a la autocracia de los zares.

Con un universo mediático controlado casi en su totalidad por la vieja burocracia del "socialismo real" convertida en clase empresarial, la libertad de expresión en la Rusia contemporánea debe moverse en márgenes estrechos, si no es que excepcionales, como bien lo sabía la periodista asesinada. Pero inclusive las pequeñas rendijas de libertad informativa han resultado intolerables para la telaraña de intereses que controla el poder político y económico ruso. Al matar a Politkovskaia, las mafias militares, gubernamentales y empresariales han eliminado un obstáculo, así fuera testimonial, para proseguir las violaciones a los derechos humanos y el saqueo del Estado. Pese a ello, los aliados estadunidenses y europeos seguirán presentando al actual gobernante ruso como un demócrata y como un socio confiable en la defensa de las libertades.