Ese princpio justifica la comisión de infracciones menores por evitar un delito mayor
Cubanos presos en EU por espionaje alegarán tesis de estado de necesidad
Preparan evidencias de planes terroristas de organizaciones financiadas por Washington
El equipo de defensores de los cinco cubanos presos desde hace ocho años en Estados Unidos por espionaje alegarán en la nueva apelación a que tienen derecho al principio del "estado de necesidad", figura legal en el sistema penal estadunidense que justifica la comisión de infracciones menores en aras de evitar un delito mayor. En este caso, los agentes al servicio del gobierno de Cuba justificarán sus tareas como infiltrados en organizaciones terroristas anticastristas en el condado de Miami Dade, en los años 90, para poder prevenir actos de terrorismo y sabotaje.
Para sustentar esta tesis, los abogados de los cinco -a quienes en Cuba consideran "héroes" y en Estados Unidos llaman "espías"- aportarán un grueso expediente de evidencias de viejos y nuevos planes terroristas de las organizaciones anticubanas, con financiamiento del propio gobierno estadunidense: acciones armadas, asesinatos, trasiego y acopio de armas en las que se han involucrado conocidos grupos como Alpha 66, Brigada 2506, Hermanos al Rescate, Cuba Independiente y Democrática, Comandos L y la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA).
Mirta Rodríguez, madre de uno de estos presos, Antonio Guerrero, sentenciado a cadena perpetua, y Carlos Manuel Permuy, hijo de uno de los caídos en la explosión del avión de Barbados hace 30 años, Manuel Permuy, jefe de la delegación juvenil de esgrima que viajaba a bordo del avión siniestrado, explican en entrevista la nueva fase que emprenderán en este proceso.
Antonio Guerrero, Fernando González Llort, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González Sehwerert fueron detenidos en Miami en 1998 y acusados de espionaje, conspiración y, en el caso de Ramón, conspiración para asesinar en el caso del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por parte de la aviación cubana. Fueron declarados culpables y arraigados en cinco prisiones distintas, en seis estados diferentes.
En los expedientes de la nueva apelación, la defensa espera poder probar, con evidencias, que las estructuras terroristas que conspiran para atacar blancos cubanos siguen intactas bajo el gobierno del mandatario estatal Jeb Bush, como estuvieron desde el principio de la revolución cubana. Para ello cuentan con casos como el del empresario miamense Tonín Llamas, ex directivo de la FNCA, que demandó a su antigua organización para que le devolviera millón y medio de dólares que donó en años pasados a la compra de misiles que estarían destinados para atentar contra blancos cubanos, pero que nunca fueron siquiera comprados. O el expediente de Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat, sexagenarios ambos, a quienes este año les fue incautado un gran arsenal. Alvarez, además, fue quien puso a disposición de Luis Posada Carriles el yate Santrino, que trasladó al anciano terrorista ilegalmente desde México hasta Estados Unidos. O el de las polémicas declaraciones recientes del anciano terrorista Orlando Bosch, quien aseguró a La Vanguardia, de Barcelona, que él sí conspiró para asesinar al presidente Fidel Castro y para derribar el avión de Cubana en Barbados y que, si pudiera, lo volvería a hacer.
En septiembre del año pasado, un panel de jueces la Corte de Apelaciones de Atlanta revocó las condenas de los cinco presos y ordenó un nuevo proceso, al estimar que en Miami no había condiciones para otro juicio, dada la fuerte presión de grupos violentos en contra del jurado. Esa resolución fue calificada por Leonard Winglass, uno de los abogados defensores, como "histórica", por la jurisprudencia que estableció. Sin embargo, en agosto de ese año el pleno de la misma corte de Atlanta volvió a validar las sentencias y descartó los argumentos sobre el prejuicio que reinó en el proceso en Miami.
En noviembre vence el plazo con el que cuenta la defensa de "los cinco" para presentar una nueva apelación donde, además de esgrimir el "estado de necesidad" de la misión de los agentes, los defensores impugnarán otros ocho elementos de irregularidades y violaciones a los procesos legales cometidos por la fiscalía de Miami durante el juicio. Entre otras, figura el hecho de que hasta la fecha los abogados defensores sólo han tenido acceso a 80 por ciento de las evidencias del caso. El gobierno federal impuso en este caso la ley de procedimiento de información clasificada para poder negar y mutilar documentos usados como evidencia en contra de los acusados.
"Estas violaciones a sus propias leyes sólo son permitidas en la república de Miami, donde la clase política cubano-americana ha logrado imponer un estado de excepción que no existe en ningún otro lugar de Estados Unidos", expresó Permuy.
En la campaña por la libertad de "los cinco", que inició en septiembre y culminó ayer en Cuba, el colectivo de familiares de las víctimas del atentado en Barbados y de otros atentados anticastristas formaron un frente común con las familias de los agentes presos en Miami. Permuy considera que el acto terrorista en el que murió su padre es "el hecho más evidente" de lo necesario que era para combatir el terrorismo el trabajo de los sentenciados.
Mirta, por su parte, concluye, ante los enormes obstáculos que enfrenta en Estados Unidos el proceso de defensa de su hijo Antonio y los otros cuatro detenidos: "No nos queda más que apelar a la solidaridad internacional".
Un poemario de Antonio Guerrero -"mire, es éste, el que sonríe", dice la madre al identificarlo en los folletos de propaganda"- titulado Inseparables; "Crimen en Barbados", de Nicanor León, y otros tres libros relacionados con el terrorismo contra Cuba que se ejerce desde la república de Miami serán presentados en la Feria del Libro del Distrito Federal, que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino.