Peña Nieto desoye petición de Amnistía Internacional
Rechaza el Edomex que la PGR atraiga el caso Atenco
Toluca, Méx., 6 de octubre. "Yo no gobierno para las organizaciones, gobierno para los mexiquenses y respondo a las necesidades y exigencias de los mexiquenses", respondió hoy el gobernador Enrique Peña Nieto, luego de ser interrogado sobre el informe de Amnistía Internacional (AI), organismo que puso en entredicho la voluntad de su administración para castigar las violaciones sexuales ocurridas en los operativos policiacos efectuados en San Salvador Atenco en mayo pasado.
A más de cinco meses de los hechos, AI demandó ayer a las autoridades federales hacerse cargo de las investigaciones sobre los ultrajes de que fueron víctimas las mujeres detenidas en ese municipio del estado de México.
El organismo internacional señaló en un comunicado que el gobierno de Peña Nieto y la procuraduría estatal no han actuado de manera imparcial en el caso y, por el contrario, se han convertido en juez y parte del mismo.
Pese a que el mandatario se había comprometido desde el inicio de su gobierno a castigar los abusos cometidos por los policías que participaron en los operativos para no dejar impune ninguna violación, la procuraduría del estado ha consignado a un solo elemento de la Agencia de Seguridad Estatal.
Sin embargo, el policía fue acusado únicamente por "actos libidinosos", el delito de carácter sexual menos grave tipificado en el Código Penal del estado de México. Esta situación ha permitido que este agente pueda enfrentar su proceso penal en libertad.
De hecho, esta es la única acción de importancia que ha aplicado la administración de Peña Nieto contra los responsables de los abusos, pero ha sido suficiente para que su gobierno reitere constantemente que ha actuado "en estricto apego a la legalidad".
"El único compromiso que tengo, por el que protesté, es aplicar la ley, gobernar y dar tranquilidad a los mexiquenses, y así nos hemos venido conduciendo", aseguró el mandatario.
"Son delitos del fuero común"
En el mismo sentido se manifestó el procurador general de Justicia mexiquense, Abel Villicaña Estrada, quien consideró que no es factible la recomendación de AI para que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).
El funcionario estatal agregó que la institución a su cargo ha avanzado en las consignaciones de los responsables, y volvió nuevamente a señalar que los delitos investigados son del fuero común.
Entrevistado en Tlalnepantla durante la inauguración de una agencia del Ministerio Público especializada en violencia sexual e intrafamiliar, Villicaña Estrada indicó que el caso Atenco no está cerrado y que las investigaciones han permitido la ejecución de 27 autos de formal prisión. Sin embargo, dichas detenciones fueron dictadas contra los propios agraviados, es decir, contra los habitantes de San Salvador Atenco.
Más aún, aseguró que faltan por cumplir 15 órdenes de aprehensión, entre ellas una contra América del Valle, hija de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), recluido en un penal del sur de la entidad.
En San Salvador Atenco, el FPDT dio un ultimátum para que sean retirados los policías estatales que a diario incursionan en la localidad y hostigan a los pobladores. De lo contrario, aseguró el organismo, se definirán acciones para "expulsarlos" de manera definitiva.
Mediante un volante distribuido entre los vecinos, el FPDT llamó a la unidad. "Ya basta de que nos traten como delincuentes y continuemos viviendo reprimidos. Exigimos que salga la policía por las buenas o por las malas. Recuerden que no estamos solos, es momento de acabar con esta situación".
Por su parte, Leonel Rivero, abogado del FPDT, manifestó su esperanza de que el juzgado sexto de distrito, con sede en el Distrito Federal, otorgue los cuatro juicios de amparo solicitados en favor de nueve dirigentes del movimiento. Sin embargo, sobre estos inculpados pesan otras órdenes de aprehensión, debido a que las autoridades estatales reactivaron varias denuncias pasadas.