Pretende dar carpetazo: abogada de la casa de estudios
Falta la PGR a sus obligaciones en torno a denuncia de fraude en UNAM
Desde 2001 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó que Graciela Sánchez Sánchez, ex jefa del departamento de presupuesto de la Facultad de Psicología, realizaba manejos irregulares del dinero destinado de esa entidad de la casa de estudios.
Según fuentes gubernamentales, en ese año fue denunciada penalmente por primera vez ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de México, por lo que se dio inicio a la averiguación previa 3449/DDF/2001.
En esa ocasión se imputó a Sánchez Sánchez el delito de fraude por cerca de un millón de pesos, pero la indagatoria ministerial fue archivada luego de que la UNAM le otorgó el perdón jurídico, ya que el dinero pudo ser justificado.
Según las fuentes consultadas, la querella por el presunto fraude en que habría incurrido Sánchez Sánchez, así como el resultado del no ejercicio de la acción penal, fueron utilizados como argumento para que en la segunda denuncia contra la ex funcionaria -interpuesta en 2003 por el delito de peculado- se determinara no pedir su aprehensión, ya que supuestamente se trata de los mismos hechos.
Ayer La Jornada reveló que la UNAM detectó un presunto desvío de recursos de la Facultad de Psicología por cerca de 4 millones de pesos, pero que el pasado 21 de febrero, Armando del Río, delegado de la PGR en el Distrito Federal, consideró que en la querella presentada por la máxima casa de estudios no se aportaron las probanzas suficientes para ejercer acción penal en contra de la inculpada.
Como parte de las acciones legales de la UNAM contra Graciela Sánchez, en mayo de 2003 se presentó una denuncia penal por un quebranto patrimonial de 2 millones 622 mil 471 pesos. Dos meses más tarde se amplió la querella por el supuesto desvío de 603 mil 637 pesos. Para marzo de 2004, la UNAM amplió la denuncia por otros 449 mil 269 pesos desviados. Estas pesquisas se tramitaron en la averiguación previa 919/RS/03.
Nalleli Bautista González, apoderada legal de la UNAM, aseguró, en una demanda de amparo que presentó el 15 de junio pasado ante el juzgado 11 de distrito en esa materia, que son distintos los presuntos hechos delictivos relativos a las averiguaciones 3449/DDF/2001 y 919/RS/03 de la PGR.
La litigante acusó a la autoridad ministerial de pretender dar carpetazo a las querellas presentadas contra Sánchez Sánchez. "Lo determinado por los peritos de la PGR exigía necesariamente que el Ministerio Público Federal requiriera a mi representada (UNAM) que precisara cuál o cuáles eran las cuentas afectadas, pues corresponde a esa autoridad realizar las diligencias necesarias para la integración de esa indagatoria.
"Pese a lo evidente de esta circunstancia, la representante social no formuló ningún requerimiento y, más aún, propuso el no ejercicio de la acción penal, evidenciando que su pretensión era deshacerse de un expediente, y no cumplir con sus obligaciones constitucionales", puntualizó Bautista González.