Crean organización para enfrentar abusos de curas
Acusan a la Iglesia española de encubrir a sacerdote pederasta
Madrid, 4 de octubre. La Iglesia católica española, el arzobispado de Madrid -por encubrimiento- y el sacerdote Rafael Sanz están en el banquillo de los acusados por el delito de abusos sexuales continuados contra un menor. La víctima, quien tenía 12 años cuando comenzaron los abusos, sufrió todo tipo de tocamientos, vejaciones y "tentativas" de violación durante tres años, cuando fungía como monaguillo del cura que consideraba su "abuelo" y quien "ayudaba" al niño en sus estudios ante los problemas de lenguaje, fruto de la dislexia que padece.
Las supuestas vejaciones del sacerdote Sanz ocurrieron entre 1998 y 2001, cuando dirigía la parroquia madrileña de Santo Domingo de Guzmán. Entre sus funciones estaba la de impartir la doctrina a varios niños, entre ellos los hijos de un matrimonio que consideraba al cura como "un amigo de la familia" y un instructor incuestionable para sus dos vástagos.
El mayor de los hijos de esta pareja, que ahora tiene 20 años, habría sido la víctima de los abusos "continuados" del sacerdote, con tocamientos reiterados y una "tentativa" de violación. Con el paso del tiempo, los padres detectaron cambios drásticos en el comportamiento del menor, hasta que lograron que dijera la verdad sobre lo que ocurría con su "abuelo", el cura Rafael Sanz.
El ahora joven de 20 años reiteró ante un juzgado de instrucción de Madrid sus acusaciones, al tiempo que explicó que cuando recibió las primeras clases de educación sexual en la escuela se percató de que el sacerdote para el que sirvió como monaguillo le había vejado y ultrajado.
El caso, que ha sido ocultado por la jerarquía eclesiástica española, llegó finalmente ante los tribunales, en donde el fiscal del caso solicitó siete años de prisión para el imputado y una indemnización de 30 mil euros para la víctima. Las diligencias judiciales contaron con la aportación crucial de los propios catequistas civiles de la parroquia, que, según confesaron ante el magistrado y los medios de comunicación, detectaron una conducta extraña en el sacerdote hasta que descubrieron que había abusado sexualmente de al menos un menor.
En el proceso judicial también se acusa a la Iglesia católica española y al arzobispado de Madrid de "responsabilidad civil subsidiaria", al considerar que desde las altas esferas eclesiales se intentó obstaculizar las investigaciones y no se tomó ninguna medida para impedir que el presunto cura pederasta continuara agrediendo a más menores. Además de que los supuestos delitos se perpetraron en un recinto oficial de la Iglesia y mientras el sacerdote realizaba sus actividades profesionales.
A pesar de las denuncias de los catequistas y del testimonio de la víctima y de su familia, el cura Rafael Sanz declaró ante el tribunal que el delito que se le imputa "es falso ante Dios y ante los hombres". Asimismo señaló que él se limitaba a ayudar al menor en sus estudios por "la buena relación que tenía con la familia" y que "nunca" realizó ningún gesto o dijo "ninguna palabra que pudiera ser malinterpretada por el niño".
Carlos Sánchez Mato, uno de los catequistas que denunciaron los hechos, explicó que decidieron presentar la denuncia "tras meses de silencio de la jerarquía eclesiástica", por lo que criticó "la actitud de encubrimiento y la pasividad a la hora de investigar". El continuo descubrimiento de casos que señalan a sacerdotes como presuntos pederastas ha motivado a un grupo de religiosos y creyentes a fundar la organización Iglesia sin abusos, que pretende "lograr que se pongan los medios necesarios para cambiar de manera radical la forma en la que nuestra Iglesia aborda los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes".