En San Lázaro, el secretario rechaza señalamientos de incompetencia de la política interior

Culpa Abascal a partidos de frenar el diálogo en Oaxaca

Demandar renuncia del gobernador o entrada de la fuerza pública, círculo vicioso, advierte

CIRO PEREZ, FABIOLA MARTINEZ, Y ROBERTO GARDUÑO

Con manifiesta candidez, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, replicó los señalamientos a la incompetencia de la política interior y, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, auguró que ''en nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión'' en Oaxaca.

Al contrario, con dureza, el funcionario responsabilizó a los partidos políticos de frenar las tareas de diálogo de la dependencia a su cargo.

''Yo los invito, señores legisladores, a que rompamos este círculo vicioso: o renuncia Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca) o no hay salida; o entra la fuerza pública o no hay salida. Señores, necesitamos una ruta diferente y mientras tanto aquí se está materializando la dificultad objetiva que enfrenta la Secretaría de Gobernación para hacer eficaz el diálogo'', dijo.

Y precisamente, en la comparecencia ante los diputados, Abascal Carranza se limitó a defender, en el caso de Oaxaca, lo que él entiende por diálogo y negociación. A excepción de los legisladores de su partido, Acción Nacional (PAN), el resto de los representantes populares lo acusaron de haber perdido la oportunidad histórica de conciliar los intereses entre los mexicanos.

Tortuosa sesión

El inicio del encuentro en el salón de sesiones de San Lázaro presagiaba momentos tortuosos para el funcionario. Mientras leía -casi a gritos- su mensaje, un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se colocaron frente a él mostrándole pancartas y mantas de protesta por la ausencia de resolución en el conflicto oaxaqueño, en las que se leía: ''Alto a la represión en Oaxaca'', ''Sí a la desaparición de poderes, no a la fuerza pública'', ''Si buscas la paz, trabaja por la democracia'', ''Las antenitas de vinil, más efectivas que el Cisen''.

La glosa del sexto Informe, en torno a política interior, se convirtió en un reclamo absoluto de la inoperatividad del gobierno del presidente Vicente Fox. El tema central fue el conflicto en Oaxaca, y los legisladores y el funcionario apenas abordaron otros rubros torales como inseguridad, narcotráfico, violencia contra las mujeres, migración y atención a desastres naturales, entre otros.

Pero fue el diputado perredista Othón Cuevas quien apuntó de manera certera al lado más sensible de Abascal: el dogma de fe. ''¿Qué es lo que nos espera en Oaxaca, ya se ha preguntado? Comparto con usted, señor secretario, una fe de la que me siento muy orgulloso y la hago pública. En nombre de Dios le pido: no a la represión en Oaxaca''.

La respuesta del secretario de Gobernación fue lacónica e inspirada en el Evangelio: ''De lo que sí estoy convencido es que la violencia engendra violencia, cuando la violencia pretende justificarse por sí misma. No se preocupe, señor diputado, en nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión''.

Y es que, para Abascal, la represión tiene que ver con impedir, por medio de la fuerza, el ejercicio del derecho; sin embargo, en la prolongada comparecencia justificó la intervención de las fuerzas federales y repitió por enésima vez que el gobierno foxista no removerá a Ulises Ruiz, principal demanda de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual mantiene el control del Centro Histórico de aquella ciudad hace más de 140 días.

Uno de los reclamos que más desencajaron a Abascal fue el de la diputada por Convergencia Obdulia Castillo, quien lo acusó de hacer creer a los mexicanos que la situación en Oaxaca es producto de un problema poselectoral. "Está usted en un error; todos aquí estamos de acuerdo en que ya no podemos sostener más a un gobernante barbario (sic) que está queriéndonos orillar a la violencia y a la muerte."

Las respuestas del encargado de la política interna del país acerca de los distintos temas de la problemática nacional oscilaron radicalmente. Mientras justificaba el diálogo y la intervención policiaca en Oaxaca, respondía apenas a otros. Elsa Conde, del Partido Alternativa, cuestionó la perspectiva de familia que se ha encargado de difundir Gobernación. "Yo no veo, diputada, que abordar políticas públicas afecte en lo mínimo los legítimos avances que hemos tenido desde el ángulo de la perspectiva de género."

En su turno, Luis Sánchez, vocero de la fracción parlamentaria del PRD, rechazó las alusiones del funcionario a cuestiones de fe. "Señor secretario, le pido que no confunda los espacios; este no es el púlpito. Le exijo que respete esta alta tribuna. Aquí viene usted a comprometer su palabra o, en todo caso, la palabra del presidente Vicente Fox para que no haya represión en Oaxaca, para que no haya derramamiento de sangre."

De inmediato Abascal replicó, y llevó a tribuna, inexplicablemente, el tema de Carlos Imaz, Gustavo Ponce y René Bejarano, quienes recibieron dinero de Carlos Ahumada. "Que conste, quien invocó a Dios para que yo no ejerciera, según esto, represión en Oaxaca, fue uno de sus diputados. Entonces yo no hice sino apoyarme en su propia expresión. A la larga lista de supuestos o reales crímenes no esclarecidos, habría que añadir los ponces, los bejaranos, los imaces, etcéteras, digo, para ser justos."

Para secundar a Luis Sánchez, su correligionario Andrés Lozano ocupó la tribuna para lamentar que Abascal no haya entendido sus funciones a 60 días de concluir el sexenio. "Tenemos un secretario de Gobernación que no ve los temas en su conjunto y que toma partido político, que no asume su responsabilidad. Usted se refiere a personajes que han sido procesados, que fueron detenidos, que estuvieron en un reclusorio. No se refiere a los Bribiesca, a Carmen Segura, a Guido Belsasso, a quienes ni siquiera averiguación previa les han iniciado."

Más adelante, Beatriz Pagés, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, acusó a Vicente Fox de emprender una campaña para destituir a Ulises Ruiz del gobierno oaxaqueño y generar un ambiente adverso al PRI durante la contienda presidencial. "En esa conspiración intervinieron no sólo líderes o lideresas magisteriales, no solamente ahí hay tufo, que no perfume de mujer, sino políticos y ex gobernadores resentidos y frustrados."

Abascal respondió: "Comienzo por negar radicalmente, respetuosa pero radicalmente, la imputación de que desde Los Pinos se fraguó la desestabilización de Oaxaca... No hay el menor ánimo de represión, porque la represión significa usar la fuerza pública para eliminar el ejercicio de un derecho".

Luego, el secretario de Gobernación dedicó parte de su comparecencia a responsabilizar a los partidos políticos de la ausencia de diálogo. "Fíjense cómo para el PRD, Convergencia, Partido del Trabajo, no hay en lo absoluto ninguna otra alternativa que no sea la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, y cómo para el PRI no hay otra alternativa que la fuerza pública."

En una extraña explicación, Abascal diferenció dos tipos de mexicanos: "Nosotros somos personas particularmente favorecidas por la vida y tenemos una capacidad y una educación, un nivel y unas oportunidades para el conocimiento de los problemas, muy grande, y estamos pidiéndoles a grupos de gente que se encuentran agraviadas entre sí que tengan la capacidad de ponerse de acuerdo, y aquí, los partidos políticos no se ponen de acuerdo en una salida que deje satisfechas a todas las partes".

Y así transcurrió la comparecencia durante más de cuatro horas. Abascal defendió las dos posibles salidas al conflicto oaxaqueño. El diálogo y la negociación, y a la par la intervención policiaco-militar, "con medida".

Sección 22 y APPO no irán hoy a Bucareli

''Fox y Calderón, culpables si hay violencia''

ENRIQUE MENDEZ Y OCTAVIO VELEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 3 de octubre. La sección 22 del magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) resolvieron esta noche no asistir al Foro para la Gobernabilidad, la Paz y el Desarrollo de Oaxaca, convocado por la Secretaría de Gobernación, porque los asistentes ''representan a los grupos del poder al servicio de los gobernantes y responsables de la crisis'' en el estado, y en rechazo al ''doble discurso'' del secretario de Gobernación, Carlos Abascal.

Mientras la sección 22 demandó que se instale una mesa en la que sólo participe la comisión única integrada por la representación sindical y de la APPO, y que el único tema a tratar con Abascal sea ''la salida inmediata'' de Ulises Ruiz de la gubernatura, la asamblea dijo que su postura es diferente, pero consideró necesario dar continuidad a la mesa principal de diálogo.

Ambas representaciones alertaron que no pueden participar en una mesa convocada por Gobernación mientras el gobierno de Vicente Fox se apresta a aplicar en Oaxaca un ''operativo violento en contra de la expresión pacífica'' de los ciudadanos y organizaciones que demandan la destitución del gobernador.

-¿Esta decisión no le dará el pretexto a la Federación para que intervenga el Ejército? -se le preguntó a Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la sección 22.

-Existe el riesgo y la posibilidad de que se instrumente la vía policiaco-militar y la vamos a enfrentar; si se da este caso de la embestida, lo haremos con las armas que tenemos, que son más poderosas que las tanquetas, las ametralladoras y los buques de guerra: la razón y la justicia. El magisterio no se va a arrodillar porque sus demandas son justas.

Anticipó que si el gobierno federal decide una intervención militar en contra del magisterio y el pueblo oaxaqueños, se iniciará un juicio político ''en contra de Vicente Fox y del señor Felipe Calderón, a quienes hacemos responsables del derramamiento de sangre en Oaxaca''.

-¿Pero no asistir al foro, insistimos, no les dará el pretexto?

-No es más que una mascarada para avalar la intervención.

A su vez, el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, advirtió que ''si entra el Ejército, tengan por seguro que no vamos a salir corriendo'', y horas antes de que la dirigencia decidiera no acudir al foro de Gobernación, cuestionó el ''doble discurso'' de Carlos Abascal, quien ayer sostuvo que una incursión de fuerzas armadas en Oaxaca será ''pacífica''.

Se invita a una mesa ''que pretende ser un ultimátum y no lo vamos a aceptar. Pero si mañana van a presentar la renuncia de Ruiz, habrá distensión total''. Al igual que la sección 22, Sosa aseguró que Fox y Calderón ''serán responsables de lo que suceda en Oaxaca, si se baña de sangre al estado''.

Por la mañana, en el parque El Llano apareció el gobernador Ulises Ruiz Ortiz en la "inauguración" de una virgen de cantera que supuestamente regalaron los albañiles que trabajaron en las obras de remodelación de ese espacio público al santuario de la Virgen de Guadalupe.

Después de la oración del sacerdote Ignacio Rosete Martínez, Ruiz Ortiz -que se persignó- afirmó que será decisión del gobierno de Vicente Fox "si aplica la ley en Oaxaca", y subrayó que lo importante "es que ya intervenga y se restituyan los derechos de los ciudadanos".

El gobernador advirtió que en el estado la APPO y el magisterio han cometido delitos del fuero federal y "conculcado los derechos de los oaxaqueños". En entrevista, aseguró que existen más de 5 mil peticiones de ciudadanos dirigidas a él y a Fox para demandarles la aplicación de la ley.

"Y vamos a cumplir con esa exigencia de la sociedad que está harta por la pérdida económica, de empleos, provocada por estos grupos, que no tendría nada de malo si sólo protestaran, pero han cerrado negocios y hasta cobran el paso" a peatones y conductores en las calles.

La presencia de Ulises Ruiz ocurrió a las 8:30 de la mañana, pero desde las 7 se había iniciado un operativo con casi 500 policías municipales y ministeriales para garantizar la seguridad del gobernador, aunque la APPO consideró que ese despliegue sólo constituía una provocación al movimiento.

-¿Por qué tantos policías? ¿Tiene miedo? -se le preguntó a Ruiz Ortiz.

-Es para cuidarlos a ustedes, porque luego los agreden -respondió.

También refirió que la Procuraduría General de la República inició la investigación de las explosiones en tres sucursales bancarias de esta capital y, respecto del deslinde que ayer hizo la APPO del supuesto grupo armado, declaró: "Si hay vándalos y no son de ellos, hay que proceder a detenerlos".

Después de sus declaraciones, el gobernador hizo un recorrido por el parque y luego salió en una camioneta blindada tipo jeep, seguida de otra con personal de seguridad armado. Al concluir el acto, los albañiles y trabajadores del ayuntamiento recibieron tamales y atole en el atrio de la iglesia.

En tanto, organizaciones civiles requirieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgar medidas cautelares para miembros de la sección 22 y de la APPO, ante la inminente intervención del Ejército Mexicano y la Marina, así como de fuerzas policiacas locales para desalojar sus plantones.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, informó que la petición, presentada conjuntamente por su organización, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (Comaddh), se debe a los vuelos de reconocimiento de helicópteros y aviones de la Marina en la ciudad, por encima de los campamentos del movimiento magisterial y popular, y debido a las declaraciones del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, acerca de que "en Oaxaca se restablecerá el orden en breve".

Existe un "peligro inminente de un desalojo violento que traiga como consecuencia detenciones arbitrarias y se cometan actos de tortura, homicidios, abusos de autoridad", señaló.

Solicitó a la CIDH que se manifieste con urgencia y exhorte al Estado mexicano a privilegiar y restablecer el diálogo con el magisterio oaxaqueño y la APPO, con la finalidad de lograr una solución de manera pacífica al conflicto político-social y se evite el uso de militares y las fuerzas policiales, pues "esto traería como consecuencia acrecentar la violación sistemática de los derechos humanos en el estado".

Además, solicitó que se asegure que el Ejército y la policía cumplan estrictamente los principios básicos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, y los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos.

Y sobre todo, que de encontrar elementos suficientes haga uso de su facultad para iniciar el trámite de adopción de medidas cautelares para los miembros del movimiento magisterial y la APPO, a fin de prevenir y asegurar que se respeten sus derechos humanos, garantizando el derecho a la vida y la integridad física.