Múltiples anomalías en las reparaciones del helicóptero donde murió Martín Huerta
Fuera de la norma, el mantenimiento a la flota aérea de la Policía Federal Preventiva
Las aeronaves, usadas sin justificación para transportar funcionarios, determina la ASF
El accidentado helicóptero Bell-412EP, matrícula XC-PF1, de la Policía Federal Preventiva (PFP), en el que fallecieron Ramón Martín Huerta, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, así como otras ocho personas el 21 de septiembre de 2005, fue objeto (como toda la flota área de la corporación), entre enero de 2004 y febrero de 2005, de trabajos de mantenimiento que no estuvieron respaldados por los permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ni ajustados al manual de procedimientos del taller aeronáutico de esa dependencia.
Tales quehaceres fueron desarrollados por "siete técnicos en aeronáutica que laboran en el taller autorizado de la PFP", y de quienes la institución no pudo comprobar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que posee "las evaluaciones de sus conocimientos y habilidades ni la evidencia de la capacitación recibida"; tampoco de los cursos de mantenimiento que recibieron.
Lo anterior forma parte de las conclusiones de las inspecciones realizadas por la ASF, que iniciaron en octubre de 2005, como parte de la revisión del ejercicio presupuestal del año anterior.
La ASF detectó múltiples irregularidades en los trabajos de mantenimiento preventivo, programado y correctivo de la flota de helicópteros de la PFP, compuesta por 15 aeronaves, en el ejercicio presupuestal referido.
En una apretada síntesis de los resultados de la auditoría, el órgano federal detectó que no hay documentos que comprueben gastos de operación por 2 millones 716 mil 900 pesos, y adquisiciones de refacciones y servicios de mantenimiento de helicópteros por 47 millones 300 mil pesos.
Refacciones viejas
Concluye que "se utilizaron aeronaves para el traslado de personal de otras instituciones gubernamentales sin contar con la autorización del servidor público facultado.
"Se comprobó la existencia de un almacén de refacciones de nulo movimiento por 3 millones 887 mil 300 pesos, de las que no se ha determinado su destino final", pero también que "no es posible determinar la antigüedad de estas piezas de repuesto, debido a que la mayoría provienen de la extinta Policía Federal de Caminos".
Además, la ASF detectó que "tres pilotos tripularon aeronaves (en 16 ocasiones) sin contar con la capacidad correspondiente en su licencia de piloto, y un helicóptero efectuó (sobre la ciudad de México) vuelos sin contar con el certificado de aeronavegabilidad vigente".
Durante 2004 la PFP gastó, de un presupuesto de un millón 723 mil 100 pesos, "sólo 88 mil 800 pesos" para la adquisición de refacciones para helicópteros, y por lo que hace al rubro de mantenimiento y conservación, la corporación destinó 152 mil 800 pesos a ese tipo de aeronaves.
La ASF "presume un probable daño al patrimonio de la hacienda pública federal por un monto de 2 millones 716 mil 887 pesos, debido a la falta de comprobación de erogaciones registradas", relativas a las partidas correspondientes a refacciones, accesorios y herramientas, y mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
Al igual que la aeronave en la que se trasladaba a Ramón Martín Huerta (XC-PFP1), los helicópteros XC-PFPQ, XC-PFX y XC-PFL, fueron utilizados más de 40 horas para el supuesto traslado de personal de otras instituciones gubernamentales, sin que se acreditaran las justificaciones correspondientes.
Como resultado de las 179 órdenes de vuelo que se emitieron del primero de enero al 31 de diciembre de 2004, supuestamente para transportar a personal de la PFP, se determinó que 163 carecían de la solicitud de vuelo debidamente autorizada por el jefe del Estado Mayor de la PFP, y se detectó que 27 operaciones se realizaron sin las correspondientes órdenes de vuelo que debió emitir el Coordinador de Transportes Aéreos de la institución.
Con el helicóptero Bell-412 EP, según los registros de mantenimiento, que supuestamente se efectuaron y que constan en las bitácoras de vuelo, se establece que de 15 casos en los que se detectaron la existencia de fallas "en siete no fue posible constatar (por la ASF) la atención a cada una de ellas, ya que en las bitácoras de vuelo no existe evidencia de la atención adecuada y oportuna por el área de mantenimiento, puesto que no fue requisitado dicho aparato".
Además, "no se cuenta con las órdenes de trabajo ni con los reportes de mantenimiento correspondientes" a los servicios establecidos por el fabricante, respecto de los 30 días, de los meses de julio y diciembre de 2004, así como los correspondientes a las 275 horas de vuelo planeador y motor, que presuntamente, se llevaron a cabo los días 20 de diciembre (2003), 16 de agosto, 30 de diciembre de 2004 y 19 de febrero de 2005.
Otra anomalía detectada por la ASF, respecto de todas las aeronaves -y en particular la que se estrelló en la zona serrana de Xilotzingo, municipio del estado de México, el 21 de septiembre de 2005- detalla el hecho de que en los servicios de prevuelo y pernocta "no se pudo constatar si los servicios se aplicaron correctamente", porque en al menos 37 casos para el prevuelo, y 46 para la pernocta, "el técnico aeronáutico no firmó la inspección diaria".
Sin embargo, el 15 de febrero de este año, y ante los resultados de la auditoría practicada "el coordinador de transportes aéreos de la PFP informó (a la Auditoría Superior) que en el medio de la aviación es una práctica común realizar los prevuelos y postvuelos (pernocta) sin la necesidad de que queden asentados por escrito en un formato impreso".
Por lo que hace a los técnicos en aeronáutica de la PFP, de los siete que integran la plantilla, en cinco casos sus licencias indican que tienen más de dos años de haber sido otorgadas, y "no coinciden con las vigencias de los exámenes sicofísicos, en contravención del artículo 74 de la Ley de Aviación Civil".
En cuanto a los 10 pilotos, que durante el ejercicio presupuestal de 2004 estaban adscritos a la dependencia, y que tripularon los helicópteros de la corporación, si bien "cumplieron con los preceptos normativos aplicables", la ASF detectó que "no hay evidencia de que la PFP haya establecido un programa de capacitación y adiestramiento, debidamente autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en consecuencia, de que capacitó y adiestró al personal de vuelo que interviene directamente en la operación de las aeronaves".
Por otra parte, resulta llamativo que en el inventario de la PFP, por lo menos hasta octubre de 2005, aún aparece en su listado de bienes bajo resguardo el helicóptero Bell-412EP, el cual se accidentó el 21 de septiembre de 2005, además de detectarse errores en la identificación del número de serie de dos aeronaves.
Finalmente, aunque los 15 helicópteros supuestamente cuentan con la carta de cobertura provisional de seguro, la ASF encontró que no existe "evidencia de su inscripción en el Registro Aeronáutico Mexicano", y que cinco de ellas -con las matrículas XC-APF, CX-BPF, XC-CPF, XC-DPF y XC-EPF-, reportan "baja de operatividad" de entre 44 y 48 meses.