Usted está aquí: miércoles 20 de septiembre de 2006 Política Emplazan al gobierno de Fox a informar sobre acciones contra la delincuencia

El Panal le pide que frene el aumento de la prostitución de niños y adolescentes

Emplazan al gobierno de Fox a informar sobre acciones contra la delincuencia

En la sesión de la Cámara de Diputados, el PAN se opuso a dar agilidad a propuestas

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados demandó al gobierno foxista, al Ejército Mexicano, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para frenar la delincuencia organizada, la violencia y las ejecuciones que proliferan en el país, en tanto que la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal) exigió a Vicente Fox que frene el incremento de la prostitución de niños y adolescentes en México, ya que en su sexenio la cifra de menores sometidos a la prostitución o utilizados en la pornografía rebasó los 20 mil, y 80 por ciento de esa cifra son mujeres.

En atención a la demanda del presidente electo, Felipe Calderón, de agilizar los trabajos legislativos para dar solución a los problemas más apremiantes del país, los diputados ponentes pidieron darles el tratamiento de urgente y obvia resolución, trámite para el que se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados, aunque, paradójicamente, fue la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenece Felipe Calderón, la que se opuso sistemáticamente a dar agilidad a cada una de las propuestas.

Así, la legisladora del Panal, Mónica Arriola Gordillo, hija de Elba Esther Gordillo, destacó que en 47 de cada 100 hogares mexicanos se presentan hechos de violencia intrafamiliar, siendo los menores los principales afectados, además de que tres millones y medio de niños son obligados a trabajar en empleos a menudo nocivos.

Mencionó que de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), cerca de 100 mil mujeres y adolescentes originarias de México, Argentina, Ecuador y otras naciones latinoamericanas, son conducidas con engaños hacia Estados Unidos, Europa y Asia, y sólo en Japón más de 3 mil mujeres mexicanas son explotadas sexualmente.

En tanto, el PRD dio un plazo de 30 días al gobierno foxista para que informe de los resultados de programas y acciones para el combate a la delincuencia organizada, ya que si bien, de acuerdo con la PGR en este sexenio se han detenido a 15 líderes de diversas organizaciones delictivas, 51 cabezas financieras, 340 lugartenientes y 189 sicarios, la ola de violencia y el alto grado de sadismo de las organizaciones delictivas no ha disminuido.

Por otra parte, al menos en dos ocasiones se propuso una iniciativa de reformas para que los paquetes electorales se conserven hasta por cinco años, y éstos puedan ser consultados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo que se pretende evitar que los documentos se destruyan, como prevé la normatividad.

De acuerdo con esta propuesta, que presentó al pleno la perredista Aleida Alavez Ruiz, los paquetes electorales habrían de conservarse hasta la conclusión del proceso en turno y al día siguiente de la calificación electoral las boletas sean considerados documentos públicos, y concentrados, dentro de los 60 días siguientes, en la junta local de la entidad que corresponda para su consulta.

En la exposición de motivos, la perredista establece que las garantías individuales son "derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente mediante la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo", y en este caso los paquetes electorales caen en ese supuesto.

Otra más de las propuestas para las que la bancada del PAN rechazó la fórmula de trato urgente, fue la del perredista Raymundo Cárdenas, quien puso a consideración del pleno una serie de reformas para, entre otras cosas, sujetar los salarios de los servidores públicos al límite máximo del que percibe el presidente de la República, y éste, a su vez, a un monto máximo equivalente a 80 veces el salario mínimo general aplicable en la capital del país.

Destacó que "una de las aspiraciones más sentidas de los ciudadanos de nuestra República es someter a los altos funcionarios de la federación, de la mayoría de los estados y de ciertos municipios, a criterios de auténtica austeridad republicana. Todos hemos asistido al poco edificante espectáculo que ofrecen los altísimos salarios y jugosas prestaciones de muchos servidores públicos.

"Los ejemplos quizá más reprobables son los de ciertos munícipes, que tienen salarios varias veces superiores al del propio presidente de la República, cuyo salario es de suyo bastante elevado, inclusive en términos internacionales. Baste recordar que, de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, (la nómina de) los altos funcionarios de la administración pública federal mexicana es la segunda mejor pagada del mundo, lo cual resulta a todas luces inaceptable, en consideración de las desigualdades económicas y salariales que privan entre los mexicanos".

Los principales objetos de la iniciativa son: facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de remuneraciones de los servidores públicos en los niveles federal, estatal y municipal y establecer constitucionalmente el servicio profesional de carrera de la administración pública federal centralizada, iniciativa para la que se pidió el trato de urgente y obvia resolución, y a la que, como el resto de propuestas, también se opusieron los panistas.

 
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