Usted está aquí: domingo 10 de septiembre de 2006 Estados Afectados por la presa El Cajón afirman que fueron reubicados en zonas de riesgo

Unas 35 familias exigen a CFE cumplir con el pago por árboles frutales o maderas

Afectados por la presa El Cajón afirman que fueron reubicados en zonas de riesgo

JESUS NARVAEZ ROBLES CORRESPONSAL

Jala, Nay., 9 de septiembre. Al menos 35 de las 50 familias de la comunidad El Ciruelo que fueron reubicadas por la construcción de la presa El Cajón, denunciaron que aún no han recibido pago por sus bienes distintos a la tierra, y que algunos inmuebles del nuevo poblado donde habitan están en zona de alto riesgo.

Los inconformes señalaron que la escuela y algunas casas se hallan al borde de un barranco, y "cualquier deslave podría ser fatal". Además, sus nuevas viviendas, de 18 metros cuadrados, les impiden llevar una vida como la de antes, señaló Rodrigo Ramírez.

Al igual que la mayoría de los ex habitantes de El Ciruelo, Ramírez era dueño de árboles frutales que dieron nombre a esa comunidad y que están desapareciendo bajo el agua de la presa, pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les ha pagado nada por éstos.

Ramírez y varios de sus compañeros acudieron a solicitar ayuda del ayuntamiento de Jala, debido a que el poblado que ahora habitan pertenece a este municipio y porque para tener acceso a la zona donde la CFE construye la presa, hay que rodear el municipio de Ixtlán del Río.

Los afectados pidieron al ayuntamiento de Jala un informe sobre el acuerdo que hizo con la CFE, para determinar si el nuevo asentamiento cuenta con alguna supervisión por parte de las direcciones de Obras Públicas y Protección Civil de Nayarit, con el propósito de saber si no existe riesgo en la construcción de sus nuevas viviendas.

"La gente del poblado estará a la espera del informe que entregue el gobierno municipal, pues están inconformes con las viviendas que les entregaron", indicó Guadalupe Rivera Camacho, integrante de la organización civil Kupuri, que apoya a los habitantes de El Ciruelo.

Kupuri también apoya a los ejidatarios de Cantiles, municipio de Santa María del Oro, que tampoco han llegado a acuerdos definitivos con la paraestatal para la indemnización de sus tierras que serán afectadas por la presa.

Rivera Camacho explicó que aunque las casas están bonitas, en muchas se trasmina el agua, están endebles, ubicadas en lugares de riesgo y sin el espacio que antes tenían para guardar sus animales de carga o criar sus gallinas.

"Hasta ahora, 35 de las 50 familias que fueron reubicadas en el nuevo poblado no han recibido el pago de los bienes distintos, como madera y algunos árboles. Ellos sienten que después de que les entregaron las casas, la CFE se ha desentendido de ellos y que jamás les pagarán lo que les deben, expuso.

"Ya no tienen los árboles, de cuyos frutos vivían, por lo que ahora requieren espacios donde realizar otras actividades", agregó.

La activista comentó que mientras siguen a la espera del pago definitivo, algunos reubicados realizan visitas a El Ciruelo para observar su antiguo pueblo que "ya tiene el agua encima y en unos días habrá desaparecido".

Refirió que Don Higinio, uno de los 15 jefes de familia que presentaron un amparo ante el juzgado tercero para que se detuviera el llenado de la presa El Cajón, tuvo que habitar su nueva vivienda porque la vieja está a punto de desaparecer bajo el agua.

 
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