Usted está aquí: domingo 10 de septiembre de 2006 Estados Difícil situación financiera en la UAQ por pago de pensiones y jubilaciones

Destina 20% de su gasto anual al rubro; violó contrato al impedir que el IMSS lo asumiera

Difícil situación financiera en la UAQ por pago de pensiones y jubilaciones

La universidad ha descontado aportaciones a los trabajadores pero no las ha reportado: catedrático

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Estudiantes en una de las escalinatas de la Universidad Autónoma de Querétaro Foto: Demián Chávez

Querétaro, Qro., 9 de septiembre. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) no cuenta con un fideicomiso para el pago de pensiones y jubilaciones, y destina a ese rubro 20 por ciento de su presupuesto anual (cerca de 160 millones de pesos), lo que tiene a esa casa de estudios en una difícil situación financiera, pues de continuar así, en 10 años se incrementaría en 50 por ciento el monto de su gasto corriente dedicado a cumplir esta obligación laboral.

La UAQ tiene un presupuesto de aproximadamente 800 millones de pesos para 2006, recursos provenientes de la Federación, del estado y propios, de los cuales 92 millones se destinaron al pago de nómina, jubilaciones y pensiones, y el resto al gasto corriente, informó José Inclán Montes, secretario de Finanzas de la institución.

La UAQ, dijo, cuenta con 2 mil 516 trabajadores de base y 734 más contratados bajo el régimen de honorarios, entre docentes y administrativos. Este año, 180 podrán solicitar su jubilación por cumplir 29 años de servicio. Sin embargo, la institución no cuenta con recursos suficientes para otorgar esa prestación.

Al iniciar su periodo como rector de la UAQ (2006-2009), Raúl Iturralde Olvera dio a conocer que esta casa de estudios tiene un adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) superior a los 250 millones de pesos por concepto de retiro, cesantía y vejez.

Debido a que los trabajadores de las universidades pú- blicas no tenían derecho a seguro social, en 1973 la UAQ firmó un convenio con el IMSS para contar con ese beneficio, pero la institución educativa dejó de cotizar desde 1997 en el rubro de retiro, cesantía y vejez, año en que se instituyó esta modalidad.

Lo anterior, con la justificación de que en el contrato colectivo de trabajo existe un capítulo especial en el que se especifica que la plantilla laboral de las universidades públicas quedan "bajo el imperio" de la ley del Seguro Social, explicó Filiberto López Díaz, catedrático especializado en materia jurídica.

Bajo esa premisa, el pasado 24 de marzo el rector Iturralde Olvera suscribió un convenio con el IMSS en el que se estipula que la universidad no va a pagar al Seguro Social el pasivo ni depositarle las pensiones porque la universidad absorbe esa obligación directamente con sus trabajadores.

Con este convenio, la UAQ generó una violación "gravísima" a su contrato colectivo de trabajo, pues le quitó una obligación legal al IMSS para que cumpliera con el pago de pensiones y generó "inquietud en la base trabajadora", por lo que el convenio fue revocado en mayo siguiente.

Así, la UAQ regresó "a la situación que prevalecía ante el IMSS, es decir, con el adeudo de 250 millones de pesos, y continúa el problema de fondo para solucionar el conflicto del pago de pensiones y jubilaciones. Filiberto López destacó que la institución les ha descontado puntualmente los pagos de retiro, cesantía y vejez, pero éstos no han sido reportados al IMSS.

La explicación a esta situación la dio José Inclán Montes, secretario de Finanzas de la UAQ, quien señala: "Si de cien maestros la Secretaría de Educación Pública nos paga 80, ¿con qué pagas al resto? Tenemos recursos propios, por supuesto, pero qué preferirías pagar la nómina o impuestos".

Presupuesto semilla para el fideicomiso

Durante la rectoría de Dolores Cabrera Muñoz, la UAQ recibió 150 millones de pesos para integrar un fondo o fideicomiso para el pago de pensiones y jubilaciones, cuya cantidad asciende actualmente a 200 millones de pesos, explicó José Inclán.

Sin embargo, la institución requiere 800 millones de pesos para empezar a operar un fideicomiso y regularizar su problema financiero, por lo que buscará realizar gestiones ante el gobierno federal y estatal para contar con recursos extraordinarios y completar esa cantidad.

Guadalupe Murguía Gutiérrez afirmó que aunque no es una propuesta de la Secretaría de Educación estatal que ella preside, casi todas las universidades públicas del país han atendido este problema con tres medidas: constitución del fondo, aportación de los trabajadores al fondo, nuevo esquema para nuevas contrataciones de trabajadores, que no se aplicaría para los que ya tienen derechos adquiridos.

Junto con la posibilidad de obtener recursos adicionales para constituir el fondo, son medidas "que creo que el rector está considerando de manera urgente", concluyó.

 
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