Analiza si seguirá clausurando oficinas de gobierno
Interrumpe la APPO las tareas de su brigada móvil
Documentan ONG agresiones sistemáticas al magisterio
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Protestas contra el gobernador Ulises Ruiz, en el centro de Oaxaca
Foto: Ezequiel Leyva
Oaxaca, Oax., 8 de septiembre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) anunció que ante los hechos violentos ocurridos el jueves en las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), su brigada móvil suspendió temporalmente su trabajo. Este sábado la plenaria discutirá la conveniencia de seguir clausurando simbólicamente más dependencias gubernamentales.
Dado que el gobierno estatal opera en oficinas rentadas, distribuidas por la ciudad -el palacio de gobierno fue transformado en museo por la actual administración-, la brigada móvil se ha dedicado a identificar los lugares donde trabajan los funcionarios estatales para desalojarlos, lo que ha provocado enfrentamientos.
El último incidente se dio ayer, cuando Giovanni Contreras, de 16 años, miembro de dicha brigada, ingresó al inmueble donde despacha el titular de la Seproci, Lino Celaya Luria.
Una vez dentro, el menor fue agredido por Andrés Quevedo Martínez, trabajador de la dependencia. Ante ello, los demás integrantes penetraron al edificio y golpearon y rociaron con pintura al empleado. Después lo amarraron y lo exhibieron en el quiosco de la ciudad como presunto delincuente, lo que generó el enojo de distintos sectores sociales y del gobierno federal, que encabeza la negociación con los grupos opositores oaxaqueños.
Violaciones documentadas
En tanto, la Misión Civil de Observación -conformada por organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras- precisó que el conflicto político en el estado "es social, no sólo magisterial".
Además, reveló que en estas semanas ha podido documentar violaciones a los derechos humanos, específicamente casos de tortura en las detenciones de dos profesores y un biólogo simpatizantes del movimiento popular, así como hostigamiento, acoso, persecución, uso excesivo de la fuerza policiaca y la presencia de grupos parapoliciacos.
Al presentar el informe Violaciones a derechos humanos en Oaxaca, del paro magisterial a la movilización popular, elaborado por la misión, el secretario técnico de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortés Morales, dijo que en las detenciones ocurridas en Oaxaca "se ha detectado un patrón de graves violaciones a los derechos humanos.
"En todos los casos la detención ha sido efectuada por agentes del estado vestidos de civil o particulares que actúan con aquiescencia, quienes no se identificaron ni mostraron mandatos escritos al realizarlas, además, de manera ilegal y violenta", señaló.
"Se ha conocido de hechos que constituyen violaciones, como el uso excesivo de la fuerza, ataques a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y transgresiones a los códigos de conducta de los cuerpos de seguridad."
Cortés Morales destacó que los miembros de la APPO y de diversos movimientos que han desconocido a sus autoridades formales "sufren un clima generalizado de terror, consecuencia de agresiones directas y amenazas sistemáticas".
El conflicto en Oaxaca "es social, no sólo magisterial", concluyó el organismo de observación, y demandó que se descarte el uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto.
Alejandro Castillo, miembro del Centro de Estudios Ecuménicos, destacó a su vez que el movimiento magisterial y popular debe "medir sus límites" y "revisar sus métodos", porque con sus recientes acciones "está perdiendo credibilidad".
En tanto, Daniel Rosas Romero, secretario de prensa y propaganda de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, descartó que el magisterio tenga planeado iniciar el ciclo escolar 2006-2007 en los próximos días, "pues no está sobre la mesa de negociación" con la Secretaría de Gobernación.
Miguel Angel Concha, portavoz del gobierno estatal, reprobó los hechos violentos ocurridos "al margen de las mesas de negociación", toda vez que "ponen en riesgo la estabilidad social y vulneran la convivencia pacífica de los oaxaqueños".
Exhortó al magisterio y a la APPO a "retornar al marco de la legalidad, mediante fórmulas de convivencia pacífica que distiendan el conflicto, asegurando la integridad física, económica y social de la ciudadanía oaxaqueña".