Guerrero: ¿devolver los servicios de salud a la Federación?
Que los procesos "descentralizadores" iniciados en los años 80 por Guillermo Soberón, culminados por Juan Ramón de la Fuente en los 90 y proseguidos por el fraudulento "Seguro Popular" son un rotundo fracaso, lo confirma la exigencia de los trabajadores de salud guerrerenses, quienes, después de más de un mes en paro, reclamaron que los servicios del estado fueran devueltos a Federación; misma demanda que, en su momento, levantara Vita Libreros Bango, entonces secretaria de Salud en Tlaxcala.
La historia reciente del avatar sureño empezó con la tardía "segunda inauguración" del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Tlapa. Julio Frenk fue instruido para ponerlo en operación, restaurar los casi 100 centros de salud en la Montaña e interconectarlos con el Seguro Popular. Aunque este no era el único con problemas. Se encontraban en iguales circunstancias los hospitales básicos comunitarios de la Montaña, Huamuxtitlán, Tlacoapa y Malinaltepec. Sin embargo, el pasado octubre, autoridades municipales exigieron investigarlo porque la obra (por 81 millones de pesos) "está plagada de irregularidades". Nada se hizo, pero días después, Fox lo volvió a "inaugurar" (antes lo había hecho el ex gobernador René Juárez Cisneros), con el "argumento" de que "no se trata de un regalo, sino de un deber humano, una obra de elemental equidad y justicia social".
Pero el festejo terminó cuando (después de varios paros y toma de instalaciones durante junio y julio de 2005), el 11 de enero de 2006 suspendieron labores indefinidamente 8 mil trabajadores -médicos, enfermeras y administrativos de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud- exigiendo la destitución del secretario del ramo, Luis Barrera, y de su director administrativo, Juan José Garibay, por "hostigamiento laboral". Reservando las urgencias, fueron cerrados hospitales generales (Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo), 10 integrales y 100 centros de salud, alcanzando las siete jurisdicciones sanitarias. Al día siguiente se sumaron los hospitales de Ometepec, Taxco, Iguala y Huitzuco.
Los problemas se arrastraban desde antes. Funcionarios del ex gobernador Juárez Cisneros: la diputada federal priísta Verónica Muñoz Parra, ex secretaria de Salud, su sustituto Herón Delgado Castañeda y Ana María Castilleja Mendieta, ex tesorera de la dependencia y ex alcaldesa priísta de Acapulco, habían sido denunciados penalmente por defraudar 17 millones de pesos en la secretaría estatal de Salud.
Al decir del secretario general de la sección sindical, Francisco Becerril, lo que estaba en juego era "la forma en que Barrera administra el sector". El detonante fue que Barrera dispuso de 60 plazas de base que se han abierto por la jubilación de otros trabajadores y el incumplimiento del acuerdo para permitir al sindicato proponer la mitad de los 100 médicos que serán contratados por el Seguro Popular.
La primera reacción del gobierno fue suspender salarios a los paristas, levantar actas por abandono de empleo y minimizar el paro: "sólo está en 20 hospitales", mientras los trabajadores anunciaban "salir a las calles". Días después, los trabajadores entregaron 14 demandas ante el secretario general de Gobierno, al tiempo que pacientes (adultos mayores) derribaban barricadas de algunos centros de salud. Las consultas se desplomaron y la asamblea sindical permanente erigida por los trabajadores en paro alcanzó hasta al Centro de Atención Canina de Acapulco. Incluso, 600 mil dosis para la Semana Nacional de Vacunación fueron solicitadas en préstamo a la Secretaría de Salud de Morelos y al gobierno federal.
Transcurridas 20 jornadas de amagos, calumnias, amenazas y protestas, fue que la sección 36 optó por reclamar la devolución de los servicios a la Federación para así "resolver el conflicto" con el gobierno de Zeferino Torreblanca. Francisco Becerril también anunció una marcha a la ciudad de México para que los servicios "se centralicen", la presentación de una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje "por la retención de salarios" y una queja ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero. El dirigente reconoció que el paro había concluido en el hospital Donato G. Alarcón (Ciudad Renacimiento, Acapulco) "por decisión de los trabajadores, quienes estaban desesperados por no haber cobrado sus salarios de enero".
Entonces, el gobierno de Torreblanca reinstaló inmediatamente la mesa de negociaciones y encontró la solución al conflicto en un santiamén. El 8 de febrero el paro fue levantado. Los trabajadores de la salud ganaron su demanda principal: dictaminar qué plazas se encuentran vacantes por jubilación, pensión, renuncia o fallecimiento, así como aplicar programas de distribución de insumos para la salud y rehabilitar los inmuebles de la dependencia que estén en malas condiciones físicas, a pesar de lo que "oferta" Fox en los medios de comunicación sobre el Seguro Popular. No faltó quien observara que el movimiento era sólo un misil contra Torreblanca y que nada había cambiado.
Cuarenta y ocho horas después, en el Hospital Básico del Municipio de Acatepec -por falta de médicos especialistas y de medicamentos- morían siete niños indígenas (de padecimientos estomacales) y una mujer embarazada. Los médicos habían sido retirados meses antes por la secretaría estatal y los pobladores de Piedra Tuza, Chilatlancingo, Barranca Pobre y Yerba Santa manifestaron estar dispuestos a realizar protestas inmediatas en Chilpancingo.
Toda una "descentralización" que, a pesar de los pomposos "reconocimientos internacionales" de la OPS y la OCDE, sobrevive con poco garbo y aplastada por un fraudulento Seguro Popular que se "organiza" en la niebla.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco