Editorial
TEPJF: última llamada
Se espera que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dé a conocer en el curso de hoy su veredicto final sobre las elecciones del pasado 2 de julio. En las semanas transcurridas desde los comicios, los márgenes de acción de los magistrados que integran esa instancia se han estrechado, no sólo por la polarización político, sino por las decisiones cortas e insuficientes del propio tribunal, hasta el punto de que sólo tienen dos salidas: o declaran válida la elección presidencial y ratifican en lo general los dudosos resultados del Instituto Federal Electoral (IFE), o anulan los comicios. La actuación previa del TEPJF pareciera indicar que se inclinarán por lo primero.
Con todo, sería lamentable que la instancia judicial cerrara los ojos ante el cúmulo de irregularidades del proceso, los indicios de manipulación en los conteos emitidos por el IFE, la patente parcialidad de esa institución, así como las injustificables e ilegales intromisiones de la Presidencia de la República y grupos empresariales en las campañas políticas. Tales factores deberían bastar para solventar, en términos formales, una declaración de nulidad.
Pero más allá de las formas, en el fondo es necesario formular la siguiente consideración: si los procesos electorales son un mecanismo para que la sociedad resuelva sus diferencias políticas en forma institucional y pacífica, para que la ciudadanía concilie sus contrastes ideológicos y para que el país refrende o rectifique la confianza en sus dirigentes, es obligado concluir que los comicios del pasado 2 de julio no cumplieron con tales propósitos.
Por el contrario, dejaron una nación fracturada y unas instituciones sometidas a grave descrédito, y terminaron de demoler la credibilidad del grupo gobernante y en general de la clase política, si bien la Presidencia foxista había hecho buena parte de ese trabajo.
Validar jurídicamente un proceso comicial desastroso y catastrófico, privilegiar las formas procesales e ignorar la sustancia del problema sería una forma trágica de confirmar la insensibilidad, la ceguera y la inoperancia de las instituciones democráticas.
Si el TEPJF se negara a dar por buena la elección, un segmento importante de la sociedad percibiría que no están cerrados todos los caminos institucionales para por ejemplo dejar atrás el modelo económico que se aplica en el país desde hace tres sexenios, sanear el aparato de la administración pública, corregir las inadmisibles desigualdades sociales o combatir la impunidad y la corrupción desde su principal bastión: el poder público.
En cambio, si la instancia judicial opta por validar con su fallo inatacable y, por ende, irremediable el resultado de una manifiesta connivencia entre la Presidencia, el partido en el poder, el IFE y núcleos bien identificados de poder económico y mediático, estará enviando por lo menos a un tercio de los electores un mensaje inequívoco: no hay forma de esclarecer los resultados electorales turbios; no hay tampoco manera de corregir las distorsiones que sufrió la voluntad popular, y no existe, en consecuencia, posibilidad alguna de introducir cambios en el quehacer nacional mediante la participación ciudadana en los procesos electorales.
De la decisión que adopte el TEPJF dependerá que el jueves el país amanezca menos crispado o despierte en medio de una polarización creciente. Más grave aún: no habrá ya instancias institucionales para hallar una solución. Cabe esperar que los magistrados asimilen el tamaño de su responsabilidad y las consecuencias de su determinación, y que esta vez actúen con la mirada puesta en el texto legal, aunque sin perder de vista la perspectiva nacional, la necesidad de preservar la paz social y la credibilidad del Estado.